Advierten del impacto negativo de género al continuar recayendo los cuidados sobre las mujeres
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha criticado al Gobierno por “congelar” la financiación del sistema de Dependencia a la vez que propone un reforma de la ley “sin recursos para su efectividad”. La entidad ha reprochado al Ejecutivo que en 2024 se haya “frenado” el incremento de financiación estatal y se proponga cambios en la norma “añadiendo nuevos derechos cuando todavía están muy lejos de garantizar los que reconoce la actual”. En su opinión, esta reforma “será papel mojado”.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales han aclarado a Europa Press que “los presupuestos están prorrogados pero el dinero dedicado a la dependencia ha crecido”.
Así, han destacado que en 2024, el presupuesto aumentó de dos maneras. Por un lado, señalan que se incrementó en 185 millones de euros el dinero repartido a las CCAA dentro de la categoría de nivel mínimo, una partida que, según recuerdan, “fue congelada por el PP”, y, por otro lado, que aumentó en 28 millones de euros el presupuesto en cotizaciones para las trabajadoras y trabajadores del sector de la dependencia hasta un total de 213 millones de euros.
“Nuestro objetivo es, por un lado, aprobar una reforma de la ley de dependencia que amplía derechos y se adapta mejor a las necesidades de la ciudadanía y, por otro, tenemos el compromiso de seguir aumentando el gasto en dependencia, tal y como recoge el acuerdo de Gobierno. La vía para aumentar este presupuesto son los presupuestos generales del Estado. Nosotros estamos trabajando en las dos direcciones”, han precisado las mismas fuentes.
Además, han puntualizado que hay 193.745 personas en las listas de espera de la dependencia.
Mientras, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales cifra en 270.325 las personas que se encuentran en las listas de espera. Además, denuncia que la ley “se sigue incumpliendo desde hace 18 años” y que “cada 15 minutos fallece una persona en estas listas de espera”.
Según la entidad, 34.252 personas fallecieron en 2024 esperando la prestación y la media de tiempo para poder acceder a la ayuda es de 334 días y en algunas comunidades de más de dos años. Asimismo, considera que la cuantía de las prestaciones económicas y la intensidad de los servicios son “a todas luces, insuficientes y en algunos casos ridículas –264 euros al mes de media para la prestación de cuidadoras no profesionales–“.
Por ello, la organización entiende que “sin incremento de financiación los nuevos derechos que esta reforma propone reconocer, quedan en papel mojado, pura cosmética del sistema que sólo servirá para generar falsas expectativas a las personas en situación de dependencia y a sus familiares”.
Además, la entidad asegura que muchos de los cambios planteados son “realidades ya asumidas por muchas comunidades sin necesidad de cambiar la ley” y otros “ya han sido acordados en el Consejo territorial”. “Los restantes podrían haberse resuelto por la misma vía, sin necesidad de todo lo que conlleva la reforma de una ley”, añaden.
Y otros de los cambios que promueve la ley, según los directores de servicios sociales, como el servicio de teleasistencia o la atención en domicilios, “ya habían sido acordados por el Gobierno y las comunidades y varios años después no se cumplen porque no exista una norma sino, simplemente, por falta de financiación”.
IMPACTO NEGATIVO DE GÉNERO
Sobre el sistema de teleasistencia, los gerentes han recordado que en el Plan de Choque del Gobierno ya se contemplaba un derecho gratuito para todas las personas en situación de dependencia que vivan en casa. “A fecha de hoy, cuatro años después, el 58% de las personas atendidas en sus domicilios no lo tienen”, subrayan.
Respecto al refuerzo de la atención en los domicilios, han recordado que la intensidad media del servicio de ayuda a domicilio es de una hora diaria (34 horas mensuales) y apenas dos horas (62 horas mensuales) para las personas con mayor grado de dependencia. En este sentido, han advertido del impacto negativo de género que “tienen estas políticas descomprometidas con los cuidados, ya que estos siguen recayendo de manera abrumadora en las mujeres”.
La entidad asegura que en materia de derechos sociales “las normas si no llevan aparejada una memoria presupuestaria y los consiguientes compromisos de financiación son papel mojado”. Y, los gerentes consideran que el anteproyecto de reforma de la Ley “no solo no lleva incorporados compromisos de incrementar la ya insuficiente financiación actual, sino que no recoge ninguna modificación sobre una nueva financiación de la Ley, sino este aspecto el más controvertido en la actual norma y que más limita su cumplimiento”.
Por ello, la organización ha reprochado al Gobierno que sea “más fácil elaborar proyectos de ley o reformas legales que partidas presupuestarias que aseguran su cumplimiento o el de las normas vigentes” cuando tiene aún pendientes “la Ley de Familias o la Ley de Servicios Sociales”.
Desde la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006, han recordado los directores de servicios sociales, han pasado 18 años y 13 ministros y “ante la retórica y las normas que son papel mojado, frente a los derechos de papel”, insisten en que “no se debe jugar con la angustia y las expectativas de personas que necesitan cuidados para sus actividades básicas de la vida diaria, ni con la de sus cuidadores”.
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