Dice que la resolución del Supremo confirma que la amnistía, aparte de “ilegal”, tiene “difícil aplicación” en el ordenamiento jurídico
SALAMANCA, 1 (EUROPA PRESS)
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha calificado este lunes de “buena noticia” que el Tribunal Supremo rechace amnistiar la malversación del ‘procés’ y mantenga la orden de detención del expresidente Carles Puigdemont. Según ha recalcado, “el Estado de derecho es más fuerte que cualquier Gobierno” y esa decisión confirma el “normal funcionamiento” del mismo en una democracia como la española.
Así se ha pronunciado después de que los magistrados que juzgaron el ‘procés’ en el TS hayan rechazado amnistiar la malversación al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1-O al considerar que sí obtuvieron un beneficio personal y que afectaron los intereses financieros de la Unión Europea. El juez instructor, Pablo Llarena, también ha rechazado perdonar la malversación a Puigdemont y ha acordado mantener su orden nacional de detención.
En declaraciones a los medios en Salamanca, tras la firma del acuerdo para una EBAU común en 2025 que han suscrito las comunidades del PP, Gamarra ha indicado que el PP ha dijo desde el primer momento que la ley de amnistía es “una ley inconstitucional” e “inmoral” que “atenta contra la igualdad de todos los españoles” pero ha recalcado que también subrayó que “el objetivo que pretendía el Gobierno de España y que había pactado con los independentistas era de muy difícil aplicación”.
“Y esto es lo que está sucediendo. Al final los jueces aplican las leyes conforme al ordenamiento jurídico español y conforme al ordenamiento jurídico europeo, no en base a los intereses y a las interpretaciones que quiera Pedro Sánchez para garantizar su Gobierno y poder cumplir sus compromisos con los independentistas y con sus socios de gobierno”, ha enfatizado.
“NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO EN ESPAÑA”
En este sentido, Gamarra ha señalado que lo que están viendo es “el normal funcionamiento de un Estado de Derecho” en una democracia como la española, “donde los jueces tienen que aplicar el ordenamiento jurídico en el marco del ordenamiento y la legislación española y también en el marco de la legislación europea”.
Además, la ‘número dos’ de Alberto Núñez Feijóo ha recordado que, durante el debate de la ley de amnistía en la Comisión de Justicia, el PP ya advirtió de que tenía “una mala noticia para los independentistas” porque el Código Penal “seguía vigente”, pese al acuerdo en la ley de amnistía del PSOE con sus socios parlamentarios.
Al ser preguntada qué consecuencias va a tener esta decisión del Supremo y su cree que una consecuencia puede ser ir a repetición de las catalanas, Gamarra ha indicado que “la única consecuencia que tiene es la demostración de que en España el Estado de Derecho es más fuerte que cualquier Gobierno”.
VE EN LA DECISIÓN DEL SUPREMO UNA “BUENA NOTICIA” PARA LOS ESPAÑOLES
En este sentido, ha indicado que “nadie puede pervertir o intentar controlar al Estado y los instrumentos del Estado en beneficio propio”, dado que “las leyes, el Poder Judicial y el Estado de Derecho tienen fortaleza” y eso “está por encima de los gobernantes”.
“Creo que esto es una buena noticia para los españoles que pueden ver cómo las instituciones del Estado de Derecho funcionan por encima de un mal gobierno”, ha declarado Gamarra a los medios de comunicación.
VUELVE A PEDIR LA DIMISIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Al ser preguntada por el apoyo del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la secretaria general del PP ha demandado de nuevo su salida del Ministerio Público.
En este sentido, ha señalado que el PP ha sido “muy contundente” en este asunto, aludiendo a su petición reiterada de que dimita. “Al fiscal general del Estado hace tiempo que le está sobrando el tiempo en la Fiscalía”, ha aseverado.
Este lunes, en una entrevista en la cadena Ser, Sánchez ha mostrado su apoyo a García Ortiz asegurando que no tiene que dimitir si es imputado por la supuesta filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y calificando como “indecente” que el PP esté politizando la justicia.
“El fiscal general del Estado tiene todo el apoyo del Gobierno de España”, ha asegurado.
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