MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, aseguró este lunes que “la claridad en el lenguaje en la Administración mejora el servicio público y abre la posibilidad de comunicación con el administrado, además de suponer la base de la accesibilidad”. En este sentido, apuntó a que “la claridad y la sencillez no supone renunciar al mejor conocimiento”.
Así lo dijo durante la presentación de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro que se celebró en la sede de la Real Academia Española (RAE).
Durante su intervención, el Defensor del Pueblo destacó que “la claridad es un signo de respeto al otro y busca propiciar la buena comunicación, que es de lo que se trata. Incluso abre las puertas a una respuesta, a una conversación”. Así, a su juicio, “la Administración no puede emboscarse en la arrogancia de que el asunto es complicado, dado que es precisamente por eso por lo que exige una mayor claridad”.
Gabilondo también apuntó que “la claridad en el lenguaje se deriva de la calidad normativa, ya que es la propia normativa la que precisa simplificación, clave para la adopción de las mejores decisiones”. En su opinión, “la claridad no implica renunciar al lenguaje que la legislación o normativa exige, pero hacerse comprensible -información concisa y precisa- es indispensable”.
En su opinión, promover un lenguaje claro elimina barreras de comprensión y garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a la información de manera equitativa. “La claridad ha de acompañarse de la sencillez y la proximidad a los ciudadanos, algo que establece específicamente la Ley de Transparencia”, recordó.
El acto de presentación de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro fue organizado por la Real Academia Española, como titular de la Secretaría de Coordinación de esta Red, y por la Secretaría General Iberoamericana. Ambas, convencidas de la importancia de favorecer la comprensión por parte de la ciudadanía de los instrumentos que emanan de los tres poderes del Estado, están trabajando en la elaboración de unas recomendaciones de lenguaje jurídico claro para los poderes públicos que se presentarán en el marco de la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará el próximo mes de noviembre en Ecuador.
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