Lamenta que Asuntos Internos haya incluido búsquedas de personas cuyos apellidos coinciden los de parlamentarios de ‘Podemos’
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Francisco Martínez, quien fuera secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Mariano Rajoy, ha advertido al juez que indaga en posibles investigaciones extrajudiciales a políticos de Podemos por orden de la cúpula del Ministerio del Interior, que esos accesos a bases policiales que trascendieron hace unos días son “el resultado de una actividad policial normal y ordinaria como la realizada sobre cualquier ciudadano”.
Cabe recordar que la semana pasada la Policía aportó al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz documentación que arrojaba que entre 2015 y 2016 se realizaron consultas en bases policiales sobre 55 diputados de la formación ‘morada’ o de la coalición que formó.
Ahora, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el ex ‘número dos’ de Interior, investigado en esta causa, apunta que de la lectura de las hojas ‘excel’ aportadas por Asuntos Internos se comprueba que son búsquedas propias de una actividad policial normal y que responden a “muy variadas razones, como renovación de DNI y pasaporte, controles en aeropuertos, datos sobre hospederías (que se remiten a la policía por los propios hoteles), denuncias interpuestas por estas personas y un largo etcétera”.
Añade, así, que la información aportada por Asuntos Internos “no demuestra en absoluto, en el plano indiciario, el relato fáctico de la querella” de Podemos y advierte además de que las búsquedas en bases policiales “ni siquiera se circunscribe a esas 55 personas que el 16 de enero de 2016 (no antes) perfeccionaron la condición de diputados en el Pleno de constitución de la XI Legislatura”.
En este sentido, indica que se trata de búsquedas “sobre docenas de personas cuyos apellidos coinciden con los de alguno de los diputados, si bien no coinciden ni el nombre ni la fecha de nacimiento”.” Tal es el rigor de la información remitida al juzgado y aparecida en los medios al día siguiente”, explica.
En concreto, pone el foco en que “en muchos casos se han empleado como términos de búsqueda únicamente los apellidos de la persona (…) sin su nombre ni su fecha de nacimiento”, algo que ha provocado “una vulneración del derecho a la protección de datos personales de personas completamente ajenas a la presente causa”.
Pone como ejemplo las búsquedas realizadas sobre la persona de la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Pérez. “Como los términos de búsqueda empleados han sido solo sus apellidos (Díaz Pérez), se han incluido en el archivo ‘Excel’ las consultas realizadas sobre diversas personas que se apellidan ‘Díaz Pérez’, quienes, por cierto, han sufrido una indeseable y nociva revelación de sus datos personales, que aparecen filtrados a los medios”.
“Es evidente que se han aportado las consultas sobres muchas personas distintas de doña Yolanda Díaz Pérez, aunque coincidan sus apellidos”, añade, para advertir de que ocurre lo mismo con el diputado Segundo González del que se incluyeron en la documentación búsquedas a partir de los apellidos: González García.
Tras citar otros ejemplos, como el del exdiputado Alberto Rodríguez, indica que se ha dado “una absoluta falta de rigor” y una “descarada revelación de cientos de datos personales totalmente ajenos a la investigación en curso” que ha servido “para construir titulares de impacto”.
DESCARTAR HASTA 16 ENERO DE 2016
Lamenta que, además, se ha hecho “un grosero uso político y mediático de la causa” para que los partidos políticos que ejercen la acusación en las presentes diligencias previas salgan “en tromba a hablar de espionaje masivo y a pedir responsabilidades penales e incluso abiertamente penas de prisión”.
Por otro lado, advierte de que deben descartarse para la instrucción las búsquedas en bases policiales anteriores al 16 de enero de 2016 –cuando arranca la XI Legislatura–, “sencillamente porque no puede haber delito contra la inviolabilidad de las Cortes Generales cuando las personas cuya inviolabilidad supuestamente se perturba ni siquiera eran miembros de las Cortes Generales”.
Añade además que “la legislatura terminó el 3 de mayo de 2016 por disolución de las Cortes, al no formarse Gobierno”. “La siguiente, esto es, la XII Legislatura, comenzó el 19 de julio de 2016, por repetición de elecciones. Salvo los miembros de la Diputación Permanente, los demás diputados (en realidad, solo aquellos que fuesen nuevamente elegidos) dejaron de serlo entre el 3 de mayo de 2016 y el 19 de julio de 2016. Por tanto, en este período tampoco pudo haber delito contra la inviolabilidad de las Cortes porque no eran diputados”, especifica.
Y suma a esto que para Martínez, cualquier búsqueda posterior al 18 de noviembre de 2016 “también es irrelevante” para él porque ya había cesado en su cargo.
“GROSERA INSTRUMENTALIZACIÓN”
Para Francisco Martínez, se ha realizado por parte de Podemos y medios afines “una grosera instrumentalización del proceso penal con fines políticos, para justificar titulares gruesos sobre supuestos escándalos y espionajes”.
Precisamente, el juez ha pedido esta semana a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que profundice en los resultados de su análisis que trascendió hace unos días y que reflejaba esas búsquedas en bases policiales sobre 55 diputados de esa formación, para saber si hubo más búsquedas sobre otros 13 diputados.
También quería conocer si los resultados incluían nombres de terceros que nada tienen que ver con la formación y que aparecen por coincidencias en los apellidos.
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