MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
La patronal catalana Foment del Treball avanzó este miércoles que impulsará la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por el impuesto a las grandes fortunas promovido por el Gobierno de coalición, una decisión que trasladará a la CEOE.
En rueda de prensa, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, mostró su “preocupación por las últimas decisiones del Gobierno del PSOE y Podemos, sobre todo inspiradas por Podemos”, que afectan a la economía productiva “sin diálogo previo”.
Para el dirigente patronal se trata de “decisiones precipitadas, que merman la confianza empresarial y la seguridad jurídica por las decisiones que los empresarios deben tomar cada día”. Además, avisó de que “los empresarios no podemos ir a golpe de titular cada día”.
“Pedimos más respeto a los empresarios y a la seguridad jurídica”, indicó Sánchez Llibre, resaltando que en España hay tres millones de empresarios y autónomos que dan trabajo a 17 millones de personas.
Aunque mostró el “máximo respeto” al Ejecutivo y al Legislativo, el presidente de Foment criticó que “se están aprobando normas que afectan directamente a las empresas con técnicas parlamentarias poco justificables, como presentar una enmienda a última hora de modificación del Código Penal durante la tramitación de un proyecto de ley que no tenía nada que ver, y el resultado es pasar de la sanción administrativa a la responsabilidad penal en determinados casos laborales”.
DETALLES DEL RECURSO
El abogado Manuel Silva fue el encargado de detallar el recurso de inconstitucionalidad que presentará Foment, explicando que vulnera la autonomía financiera de las comunidades autónomas y se solapa con el impuesto de Patrimonio, al tiempo que atenta contra el principio de seguridad jurídica cuando este impuesto se devenga el 31 de diciembre mismo y todavía no está aprobado, ya que en este momento está en el Senado.
“La enmienda se ha presentado este noviembre, no parece que permita previsibilidad. Y cuesta ver el motivo de interés público”, añadió.
En paralelo, subrayó que también se vulnera la capacidad económica de los contribuyentes porque “creemos que es un impuesto confiscatorio porque el patrimonio no genera rentabilidad en sí mismo”.
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