Anticorrupción sostiene que los trabajos de reputación fueron abonados por el “erario público”
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este jueves en el juicio de la pieza del ‘caso Púnica’ relativa a León que se sigue en la Audiencia Nacional una sentencia condenatoria al considerar probado el “mecanismo perverso” que la trama instauró en la Diputación y que habrían ideado, entre otros, el supuesto ‘conseguidor’ de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, el expresidente de la Diputación Martín Marcos Martínez y el exjefe de gabinete Pedro Vicente Sánchez.
Durante la exposición de su informe, que se ha prolongado por espacio de dos horas, la Fiscalía ha puesto el foco en la llegada de la trama a la Diputación de León. Fue “ante las noticias negativas que se publicaban” sobre la entonces presidenta, Isabel Carrasco, cuando la dirigente entró “en contacto con el tándem” formado por Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa con quienes, por mediación del entonces vicepresidente Martín Marcos, se “concertó” la relación de trabajos de reputación.
“Estos tenían como finalidad casi exclusiva que los buscadores de Google desplazasen las noticias negativas y que solo apareciesen noticias positivas o neutras relacionadas con su actividad”, ha detallado la fiscal, que ha sostenido que “en aquel concierto no solo participaron la difunta” Isabel Carrasco y Martínez, sino otras personas que “dominaron el hecho necesario para que los trabajos no los abonase la presidenta, sino el erario público”.
El Ministerio Público considera que ha quedado “probado el mecanismo perverso” del que se valieron los acusados, que habrían validado facturas y autorizado distintos pagos para poner “a disposición de la presidenta un presupuesto que superó” el medio millón de euros en algunos casos.
EL “TÁNDEM” MARCOS-DE PEDRO
En este contexto, la Fiscalía ha afirmado que “fruto de esos trabajos del tándem se creó una confianza” con Carrasco y Marcos “que llevó a que una vez fallecida” la trama siguiese realizando esos trabajos, en esta ocasión, para su sucesor en el cargo. Marcos, que llegó a la Presidencia tras el asesinato de Carrasco, se enfrenta a la pena más alta: 8 años de prisión.
Ese concierto, ha continuado la fiscal, llevó a que además de los propios trabajos de reputación se ofreciesen nuevos servicios que incluyeron la contratación de periodistas, trabajos de asesoramiento político o, en último extremo, la licitación de nuevos contratos relacionados con la explotación del complejo de las pistas de esquí de San Isidro.
Ese pacto, ha sostenido el Ministerio Fiscal, contemplaba que la cobertura para esos trabajos la diera el hecho de visar facturas para la supuesta inserción de banners publicitarios. Este cometido, sin embargo, ha sido calificado como “un ardid” por parte de la Fiscalía.
LA “PICARESCA DEL SIGLO DE ORO”
Así las cosas, el Ministerio Público ha puesto el foco en la “infiltración” que tanto De Pedro como Conesa habrían realizado no solo en León, sino en “casi 40 entidades públicas y consejerías” repartidas por otras provincias. Todo ello quedó plasmado en algunas de las intervenciones telefónicas expuestas en el plenario, un “ejemplo”, según la fiscal, de lo que fue “la picaresca del Siglo de Oro español”.
En esta línea, la Fiscalía ha esbozado el papel de los principales acusados: De Pedro sería el conseguidor de la trama, mientras que Conesa era “el referente diario”, teniendo un “rol activo tomando decisiones” a nivel financiero. Cabe recordar que ambos se enfrentan a una petición de 5 años y medio de prisión por malversación de fondos públicos en concurso con falsedad y fraude.
En algunos de los audios que han podido escucharse en la vista oral, ha recordado la fiscal, se realiza “una foto de ese liderazgo que Conesa en muchas ocasiones practicaba con De Pedro”. “La forma en que se explica por Conesa la formación de la dádiva y cómo sumas la comisión a la dádiva que estás pidiendo es un episodio muy descriptivo. Hay una coautoría muy importante”.
La propia Fiscalía también se ha referido a la actuación de la trama ‘Púnica’ en otros territorios para dejar claro que siempre se seguía “el mismo ‘modus operandi'”. En primer lugar, se recibían informes de reputación personal, al que seguía un informe sobre la percepción inicial del cliente en la red. Después se procedía a la inserción de banners y, por otro lado, la validación de las facturas se realizaba por un cargo de confianza, sin que hubiera un responsable encargado de comprobar que se realizaba lo pactado por escrito.
Algunas de las llamadas intercambiadas entre De Pedro y Conesa habrían dejado claro este extremo, llegando a especificar los propios acusados el objeto inicial de su trabajo: “Esto es pura y dura reputación”, llegó a sostener uno de ellos.
Esa labor inicial, ha incidido la Fiscalía, creaba una “relación de dependencia” entre la trama y la administración que hacía que De Pedro y Conesa tuvieran la puerta abierta a “planificar otros contratos”.
ASEGURA QUE LOS SERVICIOS SE PRESTARON
Durante su turno de informe, el letrado de De Pedro ha hecho alusión al informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo por el que se interesó el archivo para la relación a la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, precisamente, en otra pieza de ‘Púnica’. En el mismo, ha recordado, se establecía que era “imposible separar la promoción institucional del prestigio personal del político del protagonismo de la obrada creada por el mismo como servicio social”.
“Nos queda la esperanza de que esta Sala siga el camino empleado”, ha confiado el abogado, que ha solicita la absolución del supuesto conseguidor de la trama así como de las empresas Eico y Madiva. Y es que, ha sostenido, “difundir notas de prensa de gabinetes de prensa de instituciones públicas no puede constituir un delito”.
En este contexto, la representación de De Pedro también ha aseverado que lo que se abonó a las empresas se corresponde “con los servicios que se prestaron”. “No hubo una simulación. Son gastos justificados por haberse realizado una actividad que la Diputación no estaba en condiciones de realizar por si misma”, ha añadido.
Cabe recordar que el Ministerio Público sostiene que De Pedro y Conesa trabajaban para diferentes administraciones públicas y controlaban juntos un grupo de empresas con las que se presentaban a contratos públicos, “muchos de ellos con objetos simulados”.
CRITICAS A LA “VEHEMENCIA” DE LA FISCALÍA
Por su parte, el abogado de Conesa ha lamentado que se haya tratado a su cliente “como al bicho que mató al tren” cuando solo hay “dos o tres escuchas telefónicas” que le implican. “No hay nada. Cuando digo nada es nada. No hay un solo documento, un correo, un acta de la empresa, una comunicación o testimonio directo que involucre a Conesa en la toma de decisiones”, ha afirmado.
Es por esto, ha continuado, que le hubiera gustado que el Ministerio Fiscal, “además de vehemencia, hubiese acreditado evidencias y que, además de ruido, hubiera aportado nueces y material sobre el que trabajar acerca de pruebas acreditativas”. “Estamos ante una perversión del sistema acusatorio”, ha denunciado.
El letrado de Conesa ha reconocido que su cliente “es una persona convincente, seductora y que de su conversación da la sensación de que tiene responsabilidad o competencias”. Sin embargo, ha indicado, es tan solo una percepción: “Por más que quisiera tomar decisiones como las que desarrollan Eico y Madiva habría sido imposible”.
El juicio continuará el próximo 23 de febrero con los informes del resto de los acusados y, previsiblemente, el turno de última palabra de los mismos.
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