El departamento asumió en 2021 un incremento en el número de procedimientos penales y de diligencias de investigación
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía ha avisado de que la plantilla de Anticorrupción “es a todas luces insuficiente” para afrontar la carga de trabajo del departamento, que ha sufrido un “notable incremento” en el pasado año registrando un total de 1.291 denuncias respecto a las 1.069 que recibieron en el 2020.
Así consta en el apartado correspondiente a la Fiscalía Anticorrupción de la Memoria de la Fiscalía de 2021, que ha sido presentada este miércoles durante la apertura del año judicial.
El citado documento pone el foco en la insuficiencia de funcionarios existente en Anticorrupción explicando que no se ha “acompasado el nombramiento de funcionarios al incremento del número de fiscales y miembros de las Unidades de Apoyo” de la Fiscalía.
La Memoria no solo señala la escasez de funcionarios, sino que además explica que “sería deseable la creación de nuevas Unidades de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción en diversas materias, entre ellas las contables y financieras, especialidades que han ganado importancia cuantitativa y cualitativa en el trabajo” del departamento.
Pese a ello, la Memoria destaca la labor de todos los integrantes de Anticorrupción, desde los fiscales hasta los propios funcionarios, que “constituyen ese capital humano que con su profesionalidad y cualificación representa el principal activo de esta Fiscalía Especial”.
ESCRITOS DE ACUSACIÓN Y SENTENCIAS
La misma recibió en su registro un total de 2.735 documentos respecto a los 2.346 del año 2020. De los mismos, 1.291 correspondieron a denuncias, frente a las 1.069 del pasado ejercicio.
Eso sí, la Fiscalía resalta “que la mayoría ponían en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que no constituían delito, no se sustentaban en mínimos indicios de actividad criminal, o estaban referidos a eventuales infracciones penales ajenas a la competencia” de la propia Fiscalía. Eso llevó al “archivo de la denuncia o su remisión a la Fiscalía competente para su conocimiento”.
Por el contrario, durante el pasado año Anticorrupción presentó menos escritos de acusación (39) respecto a los que formuló en 2020 (47). En 2021, además, se dictaron 22 sentencias relativas a causas judiciales en las que intervino la propia Fiscalía, siendo 10 de ellas condenatorias y 12 absolutorias.
En 2021 Anticorrupción asumió “un incremento en el número tanto de procedimientos penales incoados como de diligencias de investigación”. En concreto, la Fiscalía intervino en 801 procedimientos judiciales frente a los 761 del año 2020 o los 746 de 2019. La cifra es especialmente relevante si se tiene en cuenta su crecimiento sostenido desde 2010, en el que la cifra era de 258.
Por otro lado, y en cuanto a las investigaciones penales, Anticorrupción ha iniciado 40 en 2021, frente a las 19 de 2020.
AUMENTO DE LAS COMISIONES ROGATORIAS
El documento presentado por el fiscal general del Estado también detalla el considerable aumento de las comisiones rogatorias, habiéndose tramitado un total de 22 procedentes de Armenia, Perú, Brasil o Suiza entre otros países. Las mismas guardaban relación con delitos contra la Administración Pública como malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias o blanqueo de capitales.
En el terreno de las Órdenes Europeas de Investigación (OEI), en 2021 se recibieron un total de 25, la mayoría de ellas de forma directa, y procedentes de países como Francia, Portugal, Bélgica o Italia. La asistencia requerida tenía que ver con investigaciones relacionadas con delitos de falsedad documental, estafa o delitos relativos al mercado y a los consumidores.
Algunas de las principales causas relacionadas con la delincuencia económica en las que Anticorrupción ha centrado sus esfuerzos en 2021 son el caso de Fórum Filatélico, Afinsa, las posibles irregularidades en el seno de la SGAE, la presunta estafa de Nueva Rumasa o los procedimientos relacionados con el Banco de Valencia.
GÜRTEL, PÚNICA O TÁNDEM
En el campo de la corrupción, la Fiscalía destaca el ‘caso Gürtel’, el conocido como ‘caso 3%’, la ‘Operación Púnica’, el ‘caso Lezo’, el ‘caso Pretoria’ o la macrocausa ‘Tándem’, compuesta por más de una treintena de piezas relativas a los supuestos trabajos privados realizados por el comisario José Manuel Villarejo.
Relacionado con la criminalidad organizada, Anticorrupción ha puesto el foco en la ‘operación Casablanca’, que se centra en los supuestos delitos cometidos por una banda dedicada a la extorsión, las amenazas o la prostitución. A modo de ejemplo, en el ‘asunto Polverino’ la Fiscalía investiga asuntos relativos con la camorra napolitana.
Anticorrupción, que afronta todos estos asuntos en la sede ubicada en la madrileña calle Manuel Silvela desde el año 2011, también llama la atención precisamente sobre su cuartel general, que 2resulta insuficiente para albergar adecuadamente a los distintos departamentos que la componen, así como al personal integrante de los mismos”.
Y es que, señalan, “el incremento en los últimos años de la actividad desplegada, así como el aumento significativo de la plantilla de la Fiscalía ha supuesto un problema para la ubicación de todos ellos, resuelto en parte, aunque de forma poco satisfactoria, mediante la utilización conjunta de algunos despachos por dos fiscales”, lo que “quiebra esa inicial y deseable situación en la que cada fiscal disponía de su propio despacho individual”.
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