Recuerda que la jurisprudencia del TEDH ha propiciado una “drástica reducción” de casos por delitos contra la institución
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía inició en 2021 una docena de investigaciones por injurias a la Corona que acabó cerrando –sin llegar a judicializar ninguna– porque concluyó que se encuadraban en el ámbito de la “crítica política”, conforme pone de manifiesto la Memoria del Ministerio Público sobre la actividad que desarrolló el año pasado.
La Fiscalía General del Estado (FGE) explica que “la actividad judicial en esta tipología delictiva se ha centrado los últimos años en la investigación de acciones consistentes en la quema de fotografías de los reyes y otros comportamientos injuriosos susceptibles de ser calificados jurídicamente como delitos de injurias a la Corona del artículo 490.3 y/o 491 del Código Penal”.
Sin embargo, recuerda que “debido a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (Sentencia de 13 de marzo de 2018 en el caso Stern Taulats y Roura Capellera c. España) se ha producido una drástica reducción de este tipo de procedimientos”.
Desde entonces, indica, “el camino seguido por la Fiscalía, en vista de la nueva jurisprudencia, ha sido incoar diligencias de investigación tras la recepción de atestados y denuncias de particulares y entidades (públicas y privadas) a los fines de hacer un previo juicio de los hechos denunciados y ver si se cumplen los parámetros jurisprudenciales mencionados”.
La FGE detalla que el año pasado se incoaron doce diligencias de investigación por injurias a la Corona y “todas ellas fueron archivadas al entenderse que carecen de relevancia penal al encuadrase en el ámbito de la crítica política y no personal de la institución monárquica en general, y en particular del Reino de España como nación, debiendo entenderse como una expresión simbólica de insatisfacción y protesta, y, por tanto, primar la libertad de expresión como derecho fundamental”.
EL ‘PROCÉS’
En este apartado, el Ministerio Fiscal analiza también su actividad sobre los delitos contra la forma de Gobierno para poner de relieve que “los hechos acontecidos en Cataluña han situado en primer plano la calificación jurídica de los mismos, así como su tratamiento penal”.
“Tras la celebración de un referéndum ilegal y las decisiones tomadas por el Parlament de Cataluña en orden a su implementación, se dio un salto cualitativo en el desarrollo de estas conductas, produciéndose un ataque directo e ilegal contra el orden constitucional”, subraya.
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