MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reiterado su defensa de la figura de la acusación popular, en respuesta a la proposición de ley presentada este viernes por el PSOE para limitarla, indicando que, si bien se han cometido “abusos”, también ha servido para denunciar conductas delictivas, por lo que la asociación fiscal ha hecho un llamamiento a la “sensatez” para evitarlos.
“La Unión Progresista de Fiscales, tradicionalmente, antes y ahora, ha defendido y va a defender la institución de la acción popular. Es una institución consagrada en la Constitución, su finalidad es fomentar la participación de los ciudadanos en la administración de justicia y que ello traiga como consecuencia la dinamización de la Justicia”, ha dicho el presidente de la UPF, Félix Martín, en declaraciones a Europa Press.
Martín ha recordado que “ya con ocasión del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2020, donde se establecían serias limitaciones nominativas, entre otros a partidos políticos, a sindicatos, así como a otros entes y organizaciones”, tanto la UPF como el Consejo Fiscal –“el órgano democrático representativo de los fiscales”– manifestaron que no estaban de acuerdo con esas restricciones.
“Por supuesto que observamos el abuso en muchas ocasiones o en algunas ocasiones de determinadas acusaciones populares. Por supuesto que lo observamos en la actualidad y que lo observamos con mucha preocupación”, ha añadido.
Y ha propuesto dos medidas para remediar dichos “abusos”. “Uno, que la ley establezca medios que permitan a las partes, y en especial por su importancia al Ministerio Fiscal, denunciar esos abusos para expulsar a las acusaciones populares que (la) utilicen de manera torticera para instrumentalizar el proceso, para servir determinados intereses, sean estos los que sean”, ha indicado.
En segundo lugar, y “en relación a los partidos políticos”, Martín ha empezado por valorar que “en algunas ocasiones ha habido partidos políticos o entidades privadas o sindicatos que han ejercido la acusación popular de una manera adecuada para tratar de denunciar determinadas conductas delictivas”.
Tras ello, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos a “la sensatez, la prudencia, el respeto a la profesionalidad de la Justicia y para que, por supuesto, no acudan a la institución de la acción popular para torpedear el ejercicio de la Justicia o para instrumentalizar políticamente la Justicia”. “Son los partidos políticos los que tendrían que ser los primeros responsables en no caer en estos abusos”, ha sostenido.
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