Reprochan a Fiscalía General del Estado que “no esté a la altura” y la acusa de “olvidar la urgencia” de contar con instrucciones claras
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha advertido de las consecuencias que tendrán sobre los juzgados de violencia sobre la mujer la asunción de competencias en los procesos por delitos contra la libertad sexual, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Las demandas de los fiscales se suman a las realizados por los jueces de violencia sobre la mujer en este mismo sentido.
El Gobierno cuenta con un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la ley, para el desarrollo reglamentario necesario para la plena implementación de esta reforma. Ello supone que los órganos judiciales tendrán que realizar, según la asociación de fiscales, a ciegas un “ingente esfuerzo organizativo de adaptación al nuevo sistema”. Esto significa que, a partir del mes de abril, se hará efectiva las nuevas competencias por parte de los juzgados sepecializados en violencia sobre la mujer y “no habrá un aumento en el número de jueces sino que se traspasan de unos órganos a otros”.
Todo ello implica, según APIF, un “importante impacto en el Ministerio Fiscal que requerirá “mayor número de fiscales especializados en violencia sobre la mujer, reasignación de asuntos que están en trámite; las guardias se convierten en todo un desafío; se reforma el régimen de conformidades; las aplicaciones informáticas no están adaptadas a la nueva ley y, finalmente, habrá que reorganizar la práctica totalidad del trabajo en las fiscalías”.
Para la entidad, el panorama resulta “desolador” y responsabiliza no solo al Gobierno por “no dotar de medios a las fiscalías”, pero también a la Fiscalía General del Estado por no haber “emitido instrucciones o directrices para reorganizar los servicios”.
“Lamentamos que la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se haya limitado a añadir, a las competencias de la Fiscal de Sala de violencia sobre la mujer, la referencia a su intervención en delitos de violencia sexual en los procedimientos especiales que le asigne el Fiscal General del Estado y, en cambio, no se hace ninguna referencia a dotar de los medios adecuados y de la organización necesaria de las fiscalías territoriales”, ha argumentado la entidad.
Ante esta situación, apuntan que lo que el Ministerio Fiscal necesita es que “se refuercen en las fiscalías provinciales los servicios referidos a violencia sobre la mujer, siendo irrelevante que la reforma se limite a añadir la referencia de delitos de violencia sexual a las competencias actuales de la Fiscal de Sala contra la violencia sobre la mujer”. Por ello, consideran que “nuevamente la Fiscalía General del Estado no está a la altura de las circunstancias”.
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