SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 (EUROPA PRESS)
El exconsejero de la Audiencia de Cuentas de Canarias y actual director de Emergencias del Gobierno de Canarias, Fernando Figuereo, ha avalado este lunes la solvencia técnica del proyecto de informe sobre la contratación sanitaria en pandemia que no fue finalmente aprobado por el pleno de la institución –aunque en esta legislatura se ha aprobado otro prácticamente similar–.
En una comparecencia ante la comisión de investigación en la que el Grupo Socialista le ha reprochado que el proyecto “carece de solidez técnica”, ha insistido en que “jamás” ha recibido presiones y, en todo caso, no las hubiera admitido, aunque sí ha reconocido “por terceros” que su actuación generó “malestar”.
El proyecto de informe, que abarca de marzo a diciembre de 2020 y analiza un total de 106 contratos –el 62% del importe global–, certifica contratos de material sanitario por importe de 81,9 millones y más del 61% se concentra en cuatro empresas: ACJ (17,9 millones); Damco (14 millones); Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas (9,7 millones) e Injoo Technology (8,9 millones).
Asimismo, en la relación de contratos se incluye a RR7 United, la empresa que da nombre al ‘caso mascarillas’ por el pago de cuatro millones de euros, en dos plazos, por un millón de mascarillas que terminaron destruidas por ser falsas, y que según la Audiencia de Cuentas, presenta indicios de responsabilidad contable.
Figuereo ha precisado, no obstante, que “no hay informe, no existe” dado que se quedó sobre la mesa al no ser aprobado en su momento por el Pleno de la Audiencia pero ha mostrado su “alegría” en que haya sido aprobado en esta legislatura. “Me ratifico en las conclusiones”, ha señalado.
SE DEBIÓ HABER UTILIZADO LA CONCURRENCIA
No obstante ha apuntado, a modo de “opinión personal” que por mucha situación de emergencia que se hubiera planteado durante la pandemia “había que haber utilizado la concurrencia” de empresas aunque entiende, al mismo tiempo “que la emergencia obligó a actuar de una forma que en otro momento no sería así”.
Ha dicho también que la obligación de contratar “no exime de averiguar la capacidad de la empresa” para trabajar con la administración canaria, un proceso de comprobación que hubiera durado “un par de horas”.
Figuereo, que ha defendido su “independencia” pese a ser nombrado a solicitud del PP, se ha amparado en que las deliberaciones del Pleno son “secretas” para no evaluar por qué se votó en contra de la aprobación pero en su caso concreto, tiene claro que había “informes jurídicos” y que no iba a “ir en contra de los profesionales de la casa”, subrayando que “muy mal” no lo hicieron si en esta legislatura sí se ha aprobado.
“No cambio de opinión sabiendo que estoy cometiendo un ilícito, si está probado, me lo dicen los técnicos, el letrado, mantengo el contenido, luego está el Pleno, no se aprobó, no pasa nada, hay muchos informes que se hacen y en ese caso no se aprobó”, ha indicado.
En ese sentido ha incidido en que el contenido “está acreditado” y de hecho el Pleno acordó remitir al Tribunal de Cuentas el informe y se abrieron diligencias, que fueron archivadas dado que el Gobierno de Canarias impulsó el expediente para reintegrar las cantidades. “Si no hubiera apreciado nada, no hubiera abierto diligencias”, ha destacado.
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