LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 (EUROPA PRESS)
La Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA) ha apelado este miércoles a la “responsabilidad compartida, solidaridad y cooperación de todos” los grupos parlamentarios y territorios del Estado para abordar de forma conjunta la situación “especialmente vulnerable” de los menores migrantes no acompañados y hacerlo desde un enfoque garantista de los derechos.
FEPA ha criticado en un comunicado la “falta de altura de miras” de los grupos parlamentarios, así como que se haya “supeditado el interés, la protección y los derechos de personas migrantes, muchas de ellas menores de edad, al interés partidista, incluso en un contexto de emergencia”, tras rechazarse este martes en el Congreso de los Diputados la tramitación de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
Además, añade, en pleno verano, que es el “momento proclive para la llegada de personas migrantes”. En relación con ello inciden en la necesidad de tener un modelo de acogida “efectivo”, para lo que se debe incluir “necesariamente el reconocimiento del derecho a un itinerario de emancipación”.
Aseguran que “sólo a través de la articulación de un sistema de apoyos capaz de proporcionar un trato digno y un acompañamiento continuado hacia la vida adulta de los niños, niñas y adolescentes que se extienda más allá de los 18 años, es posible promover su plena inclusión social y evitar” que personas jóvenes sin apoyo familiar se vean abocadas a la pobreza y a la exclusión social extrema.
En este sentido, indican que las entidades sociales sin ánimo de lucro que proporcionan apoyo a estos itinerarios de emancipación de la juventud extutelada tienen el “bagaje y la experiencia necesaria para poder acompañar a estas personas hacia su plena inclusión con calidad”.
A Canarias, entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2024, han llegado 19.793 personas migrantes por vía marítima, según datos del Ministerio del Interior, siendo “muchas” de ellas niños y adolescentes (se estima que hay alrededor de 6.000 menores de edad actualmente). Esta cifra representa un incremento del flujo migratorio del 160,8 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.
Ante esta situación, añaden, “es evidente” que los servicios de acogida de la comunidad estén “sobresaturados y que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno de Canarias, las entidades y las trabajadoras de los centros de acogida y emergencia, se hace difícil que los derechos, la protección y la dignidad de la infancia no se vean comprometidas”.
Desde FEPA apuntan que lo “preocupante” es que tratándose de un crecimiento del flujo migratorio sostenido en el tiempo hayan pasado los meses “sin que se haya alcanzado ningún” acuerdo político para responder a esta emergencia, pese a que las condiciones de vida de las personas migrantes “han ido empeorando y los servicios de acogida y las profesionales de atención están cada vez más tensionados”.
Por ello, consideran que “es imprescindible” impulsar una actuación de emergencia conjunta basada en la “corresponsabilidad, cooperación y solidaridad interterritorial, que aporte una respuesta a esta dramática situación y ponga en el centro las necesidades” de los menores. Sin perjuicio, subraya, de que en los próximos meses administraciones “competentes y grupos políticos trabajen en una estrategia de acogida efectiva y planificada, habida cuenta de que los flujos migratorios no son un fenómeno estructural y que España es la frontera sur de Europa”.
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