MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) celebró este sábado una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón por la que condena a la compañía petrolífera British Petroleum (BP) a indemnizar con más de cuatro millones de euros a los 3.200 transportistas que se acogieron a la macrodemanda colectiva promovida por los sobreprecios que se han venido aplicando “de forma abusiva” en España en los últimos años.
Dicha actuación judicial se fundamentaba en la Resolución sancionadora dictada en su día por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por “prácticas restrictivas” de la competencia en el mercado de los hidrocarburos en España y que posteriormente fue confirmada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, lo que abría la puerta a que los transportistas pudieran reclamar, en concepto de daños y perjuicios ocasionados, por la compra del combustible durante todos estos años por un precio superior al que debería haberse pagado de no existir tales pactos.
Así, en su sentencia, el juez considera demostrado que la infracción, continuada durante más de una década, “ha causado efectos en forma de sobreprecios variables cuyo promedio por litro de Gasóleo A ha sido de 6,96 céntimos” , alcanzándose algunos años sobreprecios próximos a los 10 céntimos por litro, “considerándose correcta la forma del cálculo de los daños y perjuicios efectuada por los peritos”, cuyo informe ha utilizado la metodología de comparación diacrónica.
Fenadismer calificó de “pionera e histórica” esta sentencia, que se suma a las actuaciones judiciales que la federación ha venido impulsando contra otros carteles y prácticas restrictivas de la competencia en diferentes sectores económicos promovidas por grandes grupos empresariales para elevar artificialmente los precios finales de los bienes y servicios en contra de los consumidores tanto particulares como profesionales.
“Pese a que en algunos casos han sido sancionadas por las autoridades de vigilancia de la competencia, en muchos casos lamentablemente la cuantía irrisoria de las multas impuestas no ha tenido ningún efecto disuasorio, lo que hace necesario que se faciliten desde los poderes públicos los mecanismos legales necesarios para facilitar que los consumidores puedan reclamar judicialmente los daños y perjuicios ocasionados por dichas prácticas abusivas”, concluye esta organización de transportistas.
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