MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han denunciado que la proposición de ley orgánica registrada por Sumar, Podemos, ERC, BNG y Junts en el Congreso, que contempla penas de uno a cuatro años de cárcel a quienes practiquen “terapias de conversión” para personas LGTBIQ+, “reprime” el debate científico y la libertad de expresión.
Así lo ha puesto de manifiesto la organización de mujeres, que ha depositado este miércoles en el Registro de la Cámara Baja sus consideraciones a la iniciativa para su entrega a los diputados.
En este sentido, las feministas han explicado en declaraciones a Europa Press que el nuevo artículo 175 bis que introduce la proposición de ley de los grupos de la izquierda “define las terapias de conversión de manera generalista, abarcando cualquier terapia médica, psicológica o psiquiátrica que no secunde el autodiagnóstico de lo que denomina ‘identidad de género’ de una persona”.
“Este enfoque legislativo supone castigar indiscriminadamente a médicos y psicólogos que no se alineen con el modelo afirmativo (el llamado Protocolo Holandés). Dicho modelo parte del autodiagnóstico de la “identidad de género” sin cuestionarlo, promoviendo entre los menores el uso de bloqueadores de la pubertad, la hormonación cruzada y las cirugías, sin exigir una evaluación psicológica crítica que explore las causas subyacentes de una posible disforia de género”, han apuntado.
En esta misma línea, la organización ha expuesto que el texto registrado por los grupos de la izquierda “penaliza” un enfoque alternativo “basado en la evidencia científica o en una práctica clínica prudente que busque comprender el rechazo al propio sexo sin proceder a intervenciones irreversibles”.
Igualmente, han criticado la “intencionada omisión de las detransiciones”, un fenómeno que han señalado que evidencia que la autopercepción de la ‘identidad de género’ “puede cambiar con el tiempo”. “Estudios recientes muestran que algunos detransicionadores atribuyen su disforia inicial a factores como trauma, influencia social , dificultad para aceptar su orientación sexual o a trastornos mentales y que la transición médica no resolvió sus problemas subyacentes”, han asegurado.
Asimismo, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha tachado de “particularmente grave” la consideración de los padres como “potenciales agresores” si intentan “proteger” a sus hijos de tratamientos médicos “precoces e irreversibles”. “Esta perspectiva presupone que cualquier resistencia a la medicalización inmediata equivale a violencia, ignorando que muchas madres y padres, como las integrantes de la Asociación AMANDA en España, actúan desde la prudencia o el conocimiento de la resolución espontánea de la disforia en la mayoría de los casos, como documenta el Informe Cass”, ha apuntado.
Por otro lado, las feministas han expuesto que la iniciativa también introduce sanciones administrativas “severas” por la difusión de “información falsa” sobre abordajes médicos distintos al modelo afirmativo, clasificados como “terapias de conversión”. “Por tanto, esta disposición no solo criminaliza la práctica clínica, sino que también reprime el debate científico y la libertad de expresión”, han subrayado.
“Al presentar la disforia como innata y su tratamiento médico como la única solución válida, este enfoque dogmático, concluyen las feministas, lejos de proteger a los menores, los somete a intervenciones precipitadas y perjudiciales, especialmente a aquellos cuya disforia de género responde a factores sociales o psicológicos, como la homosexualidad reprimida. Una ley verdaderamente protectora debería priorizar la evidencia, la flexibilidad clínica y el bienestar integral, no impulsar una ideología rígida y dogmática que daña a menores y adolescentes”, han recalcado.
CONFÍAN EN QUE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SEAN “RECEPTIVOS”
La organización de mujeres ha enviado una carta a todos los grupos parlamentarios menos Vox proponiéndoles reuniones de trabajo. En este sentido, han dicho que confían en que sean “receptivos” y quieran escucharles porque “si se empiezan a considerar terapias de conversión a lo que no lo son, se abre un camino muy complicado y muy peligroso”.
Sumar, Podemos, ERC, BNG y Junts firmaron y registraron el 18 de febrero en el Congreso una proposición de ley orgánica, a propuesta de la Asociación No es Terapia, para castigar con penas de uno a cuatro años de cárcel a quienes practiquen “terapias de conversión” para personas LGTBIQ+, una práctica que han calificado de “tortura” y de “laboratorios del horror”.
En concreto, en la propuesta piden añadir al artículo 175 del Código Penal que “la persona que practique Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG) sobre otra persona será castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses”.
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