MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cree que el traspaso de competencias tributarias a Cataluña pactado por PSC y ERC no solo tiene un “dudoso encaje institucional”, sino que “fragmentaría la administración del sistema fiscal español”.
Según señala el ‘think tank’ en un estudio, esta transferencia de competencias dificultaría la coordinación interadministrativa, incrementaría los costes operativos y de cumplimiento y comprometería “la capacidad del Estado para lograr una aplicación homogénea del sistema fiscal en todo el territorio, y en última instancia, para asegurar una financiación suficiente de sus competencias de gasto”.
Frente al “modelo de descentralización extrema” que, a juzgar de Fedea, propugna el acuerdo entre PSC y ERC, la fundación recomienda la adopción de un modelo de administración tributaria integrada (ATI), en línea con la propuesta que se hacía en el Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Sistema de Financiación Autonómica de 2017.
Este modelo, inspirado, con salvedades, en el de Canadá, se fundamenta en un esquema de cooperación y gobernanza compartida entre la agencia tributaria estatal y las autonómicas de régimen común. Para su articulación jurídica, Fedea apuesta por la figura del consorcio interadministrativo, regulado en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y descarta las encomiendas de gestión, por sus limitaciones.
Aclara que las ATI no deben confundirse con un esquema de 15 consorcios bilaterales agencia estatal-autonómicas, opción que, además de no facilitar el cumplimiento de los objetivos de integración, eficiencia y uniformidad en la aplicación del sistema tributario buscados, propiciaría problemas de duplicidad, heterogeneidad en la gestión y pérdida de las economías de escala, además de dificultar la coordinación horizontal entre las distintas administraciones y aumentar los costes de coordinación. Sostiene que si bien sería óptimo que el País Vasco y Navarra se incorporaran también a esta ATI, es poco realista esperar que renuncien a su régimen foral, amparado en la Constitución.
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