MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) prevé numerosos efectos negativos para el conjunto de los ciudadanos del Estado español con la cesión a Cataluña de la gestión de impuestos estatales que prevé el acuerdo de financiación singular suscrito por PSC y ERC.
En un artículo firmado por Alberto García Valera, socio responsable de política tributaria de EY y ex delegado especial de la Agencia Tributaria (AEAT) en Andalucía, el ‘think tank’ analiza los costes que tendría la “fragmentación” de este organismo que comportaría la cesión en exclusiva de la gestión en Cataluña del conjunto de tributos estatales a la Agencia Tributaria Catalana.
El autor observa que esa cesión “no solo no encuentra acomodo en el propio artículo 149 de la Constitución, que solo atribuye a la Hacienda Estatal esta función”, sino que además supondría un “paso atrás” en la aplicación del sistema tributario.
Lejos de ir por la senda que, a su juicio, defienden la OCDE o la UE de una progresiva integración y coordinación de las administraciones tributarias, García Valera cree que “el camino contrario de fraccionar la gestión tributaria supondría graves perjuicios en la lucha contra el fraude fiscal”, como ha advertido también la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.
Otro impacto perjudicial de esta concesión tributaria a Cataluña sería que los ciudadanos podrían resultar perjudicados si se fraccionaran los servicios actuales, pues la agencia perdería el acceso directo a la información necesaria para poder disponer de unas bases de datos completas e integradas, que le haga posible desarrollar labores como la de ofrecer borradores de declaración a los ciudadanos o programas de ayuda y criterios uniformes.
Con una AEAT fraccionada, el control tributario y la lucha contra el fraude también resultarán dañados, porque no podrá disponerse, o no en el mismo tiempo y coste, de herramientas para detectar las formas más complejas y dañinas de fraude.
También, la recaudación tributaria perdería eficiencia con el fraccionamiento de la AEAT como, por ejemplo, en el ejercicio de las competencias ejecutivas del procedimiento de apremio, que las administraciones territoriales no pueden adoptar sobre bienes situados fuera de su territorio.
El artículo también avisa de que iniciar un proceso que conlleve la fragmentación de la información presentada por población y empresas que, en el caso de Cataluña, suponen cuanto menos un 16% del número de contribuyentes del total nacional que representan un 20% del PIB, perjudicaría “a la seguridad jurídica tan reclamada por los inversores nacionales e internacionales”. “Se podría ver seriamente afectada por la aparición en escena de un nuevo actor con sus propios criterios interpretativos, y que puede ahuyentar el establecimiento de empresas que pretendan establecerse en España con un modelo de negocio único, y que sea fiscalmente tratado como tal”, subraya el autor.
“Es por ello”, añade, “que deberíamos tener altura de miras, y preguntarnos en qué ganarían ciudadanos o empresas con esta fragmentación. Y la respuesta es que en nada. Perderíamos en la aplicación de las mejores prácticas que permiten las economías de escala; en una más eficiente gestión del conocimiento; en facilitar la lejanía del poder político en la gestión tributaria, que asegura una administración de más dimensión y más profesionalizada; en la inmediatez en la obtención de información con la importancia que ello tiene, por ejemplo, en la emisión de certificados; en competitividad para las empresas que tendrían más cargas indirectas, o en recursos para todos los ciudadanos, porque, sin duda, este servicio esencial para el Estado del bienestar nos saldría más caro”.
- Te recomendamos -
