MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
Un trabajo del exsecretario de Estado de Seguridad Social Octavio Granado publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) plantea que la prestación por incapacidad temporal no suponga el cese total del trabajo, sino que permita trabajar de manera parcial en los casos en los que sea posible.
Así lo recoge el trabajo publicado este lunes en el que se aborda la incapacidad temporal y su gasto en las prestaciones contributivas de la Seguridad Social. Según indica, en los últimos cinco años las pensiones contributivas del sistema han aumentado un 32,82% a precios corrientes, un porcentaje inferior al crecimiento de las cotizaciones sociales si se incluyen las nuevas cotizaciones de solidaridad. Sin embargo, el gasto en prestaciones económicas derivadas de situaciones de incapacidad temporal motivadas por enfermedad común ha crecido un 91,61%, mientras la población atendida por el régimen prestacional ha crecido alrededor de un 10%.
El trabajo de Granado señala que “no puede resultar más atractivo estar fuera de la actividad laboral que dentro de la misma” y, sin embargo, se sigue viendo por empleadores y empleados la incapacidad temporal como una salida de la actividad “por tiempo finito o permanentemente”, lo cual es “absurdo”, según Granado.
El exsecretario de Estado, que trabajó en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y en el primero de Pedro Sánchez, propone abrir la posibilidad “en algunas situaciones y momentos concretos” a que la incapacidad temporal no implique el cese de toda la jornada laboral, sino que pueda convertirse en una jornada parcial y que esta propuesta también se lleve a la incapacidad permanente.
“Es evidente que esta nueva regulación legal ha de hacerse con la necesaria precisión para evitar la picaresca”, ya que esta nueva incapacidad parcial “puede ser buscada para conseguir reducir jornadas demasiado agobiantes, o para sustituir las reducciones de jornada que antes existían en algunas profesiones para los mayores de una determinada edad”, considera Granado. Además, cree que esta regulación debe pactarse con las empresas.
También apuesta por la recolocación si un puesto de trabajo no es compatible con determinadas dolencias y acometerla antes de que se produzca la incapacidad permanente. Según su propuesta, la normativa debería primar el derecho a la recolocación, siendo la salida del mercado de trabajo la última solución a aplicar. Este derecho a recolocación “debería complementarse con incentivos generosos” para puestos de trabajo a cargo de otros empleadores de las personas con grados de incapacidad variable.
Granado enfatiza que el objetivo es no generar una cultura en la que “sea más rentable económicamente la incapacidad temporal que la actividad, con el añadido de suprimir el esfuerzo físico e intelectual que comporta el trabajo”.
- Te recomendamos -
