MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
El investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Miguel Ángel García, considera que, “con independencia” de cuanto se incrementen las bases máximas de cotización, la sostenibilidad del sistema de pensiones en España está “bastante comprometida”.
En declaraciones a Servimedia, García explicó que con el incremento previsto del gasto con la actualización de las pensiones con el IPC y la sustitución del factor de sostenibilidad, las medidas de compensación adoptadas “no son suficientes”.
Además, defendió que el destope de las bases máximas y de la pensión más elevada no debe analizarse de forma “aislada”, sino dentro de la reforma global de pensiones. Asimismo, avisó de que si las cotizaciones máximas se elevan de forma brusca para conseguir un aumento de ingresos “inmediato”, se puede perjudicar al mercado de trabajo que, como recordó, todavía cuenta con casi tres millones de desempleados.
Igualmente, sostuvo que el Ministerio de Economía, antes del actual “choque inflacionario”, realizó unas previsiones en las que apuntaba que el gasto en pensiones pasaría del 12,2% del Producto Interior Bruto (PIB) de 2019 al 16,6% en 2050.
Además, García llamó la atención sobre que el déficit de la Seguridad Social se está resolviendo mediante “un artificio contable”, considerando “gastos impropios” de la Seguridad Social determinadas partidas y asumiéndolos el Estado vía presupuestos.
En su análisis, el investigador asociado a Fedea señaló que tampoco será suficiente la medida de elevar un 0,6% las cotizaciones hasta 2032, ya que solo supondrá una recaudación de dos décimas sobre el PIB.
En su opinión, será necesaria en el futuro otra reforma de pensiones y trasladar a la sociedad el “riesgo que existe”, ya que se está manifestando únicamente una visión “bondadosa” y “parcial” del sistema de pensiones que todos queremos” pero que no es real y “no se está afrontando cómo se paga y quien lo paga”.
A su juicio, la situación “claro que tiene arreglo”, aunque tampoco se puede apoyar únicamente en confiar en un “cambio de comportamiento” de los trabajadores de que con los incentivos existentes van a decidir alargar su vida laboral.
“En algún momento, sería conveniente que fuera más pronto que tarde, la sociedad tiene que decidir qué transferencia quiere trasladar a las pensiones y tiene que decidir como se paga”, explicó García, quien apostó por repartir el esfuerzo y realizar estudios “serios y rigurosos” sobre ventajas e inconvenientes de cada situación.
- Te recomendamos -
