MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y las agrupaciones de periodistas de CCOO y UGT han lamentado el “desinterés” de los grupos parlamentarios por aprobar el proyecto de Ley Orgánica de Protección del Secreto Profesional del Periodismo que, aseguran, lleva cuatro meses paralizada en el Congreso.
En un comunicado, las asociaciones lamentan que el proyecto de Ley Orgánica de Protección del Secreto Profesional del Periodismo, que la práctica totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados se comprometieron a apoyar, “se encuentre paralizado y en peligro de decaer debido a que ningún grupo de la Cámara ha intervenido para que continúe su tramitación”.
Así, recuerdan que el pasado 13 de diciembre, esta ley fue introducida como una enmienda ‘in voce’ del Grupo Socialista en el proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, cuya tramitación ya se encontraba muy avanzada.
Las organizaciones consideraron que esa era la vía más adecuada para ahorrar informes y agilizar su tramitación, lo que permitiría que pudiera ser debatida y aprobada probablemente en marzo de 2023. Sin embargo, indican que, desde el 14 de diciembre, el proyecto de ley está parado en la Comisión de Justicia del Congreso pendiente de informe.
Por ello, la FAPE, CCOO, UGT y la FeSP –estas tres últimas, en representación del Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP)– han expresado su preocupación al respecto “porque ni el PSOE, que preside esa Comisión, ni ninguno de los demás grupos haya planteado desde entonces ninguna iniciativa para que continúe su tramitación”.
Además, recuerdan que, con este proyecto de ley se cumple el mandato del artículo 20 de la Constitución “con 44 años de retraso”. A su juicio, esta ley “no provoca ninguna polémica política ni implica coste alguno” por lo que lamentan “la falta de interés” de todos los grupos, a pesar de haber mantenido reuniones con ellos.
Por todo ello, concluyen, “muy probablemente, no pueda ser aprobada antes de la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales”.
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