MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Familiares de víctimas y colectivos sociales, agrupados por la Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores, se reunirán esta semana para planificar un proceso de reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, dependiente del Consejo de Europa, por la “discriminación” a las más de 30.000 personas dependientes que fallecieron en residencias, domicilios y centros de discapacidad en España, durante la pandemia al no ser derivadas a hospitales.
Según han denunciado a Europa Press, durante la pandemia de la Covid-19, más de 30.000 personas dependientes de todo el Estado “fueron discriminadas de sus derechos a la salud, seguridad social, asistencia social y médica, servicios sociales recogidos en la Carta Social Europea” debido a “las directrices, protocolos y actuaciones sanitarias emanadas de diversas autoridades” y citan, en concreto, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como a los responsables de otras Comunidades Autónomas.
Por ello, familiares de víctimas, asociaciones, plataformas, colectivos sociales que luchan por una Sanidad 100% Pública, Universal y de Calidad, junto a trabajadoras y sindicatos sociosanitarios, médicos, epidemiólogos, técnicos de administración pública y pensionistas, han convocado el próximo sábado 19 de octubre en la Parroquia San Carlos Borromeo, una Conferencia Estatal bajo el lema ‘Miles de personas dependientes discriminadas’.
Durante la reunión, según explican, planificarán un proceso de reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales –el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Carta Social Europea por parte de los Estados–, “como un instrumento más de lucha social y de empoderamiento por conseguir Justicia”.
De esta forma, quieren someter al Comité la legislación o la actuación pública “que pueda ser disconforme con alguno o algunos de los derechos reconocidos por la Carta Social Europea”.
Tal y como precisan, no se trata de una demanda individual ni que pueda dar lugar a un reconocimiento individual de un derecho en una situación particular, como es el caso de las demandas ante la autoridad judicial, sino de “un mecanismo para revisar la ley o la actuación impugnada y establecer su conformidad o no conformidad con la Carta, así como, en su caso, las medidas de orden cautelar o definitivo a adoptar, la interpretación de dichos derechos que deben aplicar los jueces en cualquier situación que afecte a esos derechos, y las modificaciones legales que, en su caso, se requieran para adecuar las leyes nacionales a las exigencias de la Carta”.
Asimismo, elaborarán para su presentación a las Fiscalías territoriales, nuevas denuncias de muertes producidas en domicilios y centros de atención sociosanitaria, como consecuencia de los protocolos y órdenes de no derivación a hospitales, “exigiendo que actúen de oficio y que lleven a cabo nuevas investigaciones”.
Igualmente, la Conferencia Estatal debatirá también la necesidad de elaborar una Ley de Cuidados y Residencias con unos mínimos de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas, ya que consideran que el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y diez autonomías, “ya nació con división e, incluso con el rechazo de algunas Comunidades Autónomas a aplicar sus directrices”.
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