MADRID, 31 (SERVIMEDIA)
Facua-Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) celebraron este viernes la “histórica” sanción impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra cuatro aerolíneas low cost por prácticas abusivas.
Lo hicieron en sendos comunicados en los que puntualizaron que el gabinete de Pablo Bustinduy ha multado con más de 150 millones de euros a Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea y que se trata de las “más altas que ha aplicado en la historia una autoridad de protección de los consumidores”.
En concreto, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, valoró “muy positivamente” lo que juzgó un “hito histórico en la protección de los derechos de los consumidores”
“Han sido casi seis años batallando para lograr que las autoridades actuasen contra unas prácticas por las que las aerolíneas vienen inflando ilícitamente sus beneficios y por fin lo hemos logrado”, abundó, al tiempo que animó a los usuarios afectados a reclamar la devolución de estos cargos extra.
Facua está tramitando “numerosos casos en defensa de afectados” y, en caso de recibir “respuesta negativa” por parte de las aerolíneas, les insta a interponer denuncias ante las autoridades de consumo de sus comunidades autónomas “solicitando sanciones” y a acudir a los tribunales.
“Se trata de las primeras multas impuestas por la autoridad de Consumo del Gobierno de España desde que asumió la potestad sancionadora en mayo de 2022 como consecuencia de una modificación de la ley general para la defensa de los consumidores introducida a raíz de reivindicaciones históricas de Facua que fueron asumidas por el ministro Alberto Garzón”, abundó la organización, al tiempo que recordó que, hasta entonces, se trataba de una competencia “exclusiva” de las administraciones de consumo autonómicas y municipales.
Facua interpuso la primera denuncia ante el Ministerio de Consumo por el cobro del equipaje de mano en octubre de 2021, concretamente contra Vueling, si bien en 2018 ya había denunciado a Ryanair y Wizzair ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por este motivo, sin que ninguno de los dos organismos le comunicara “ningún tipo de actuación al respecto”.
En sus denuncias ante el ministerio y las autoridades autonómicas de consumo, Facua viene argumentando que el cobro por el equipaje de mano “vulnera tanto la legislación del sector aéreo como la de defensa de los consumidores”.
Así, la asociación advierte de que “incumple” la Ley de Navegación Aérea, que establece que el transportista “estará obligado a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos y bultos que el viajero lleve consigo“ y solo contempla como excepciones “razones de seguridad, vinculadas al peso o al tamaño del objeto en relación con las características de la aeronave“.
En paralelo, subrayó que el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que sea aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, recoge como cláusulas abusivas todas aquellas “estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y las partes que se deriven del contrato“, así como aquellas que “limiten los derechos del consumidor y usuario“, “determinen la falta de reciprocidad en el contrato” y “resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato“, entre otras.
Por su parte, OCU celebró que el ministerio “haya llegado a las mismas conclusiones que las denunciadas” por la organización y dijo esperar que estas sanciones “sirvan como ejemplo para otras autoridades europeas y otras compañías que lleven a cabo las mismas prácticas abusivas”. La asociación tiene abierta una campaña para ayudar a los afectados a reclamar si les han aplicado una de estas cláusulas.
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