MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Facua-Consumidores en Acción se ha dirigido a los alcaldes de las nueve ciudades que cuentan con restaurantes de la cadena Burro Canaglia, en cuyo local de Madrid se produjo un incendio el pasado viernes que ha provocado dos víctimas mortales y una docena de heridos.
En su escrito, la asociación solicita que se lleven a cabo de manera “urgente” inspecciones en esos establecimientos para verificar si las plantas artificiales que decoran sus paredes y techos están fabricadas con materiales ignífugos.
Facua ha enviado este martes sendas peticiones de inspección a los alcaldes de Sevilla, Bilbao, Cuenca, Fuengirola (Málaga), Huelva, Santander, Alicante y los municipios alicantinos de Campello y San Vicente del Raspeig.
La organización de consumidores advirtió este lunes de que la cocina de la franquicia madrileña de Burro Canaglia “no se ajustaba a las características de la que aparecía en la licencia de cocina con la que contaba desde 1997 la cervecería ubicada anteriormente en el local”.
Según el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el Ayuntamiento tuvo registro de un “cambio de titularidad en la licencia” cuando el recinto pasó a sus actuales propietarios, pero “no se comunicaron más actuaciones” como los cambios en el equipamiento de la cocina, la reforma del local y la implantación de una nueva decoración con plantas artificiales o preservadas.
Los establecimientos de esta cadena sevillana cuentan con horno de piedra y parrilla con brasas. Según el documento con la licencia de hace 26 años que el Ayuntamiento de Madrid ha distribuido a varios medios recoge solo una “cocina equipada con 4 fuegos y plancha, de funcionamiento a gas butano”, “1 horno eléctrico de convección de 8 kW” y “1 fermentadora de 2 kW”.
La organización de consumidores ha advertido que, “con independencia de esa licencia de 1997, en su censo de locales y actividades el Ayuntamiento tiene asociado al restaurante Burro Canaglia de Madrid al epígrafe 563005”. Es el correspondiente a la actividad de “bar sin cocina”. Así ha podido verificarlo FACUA en tres webs distintas dentro del portal municipal. El epígrafe en el que está clasificado un establecimiento condiciona el tipo y periodicidad de las inspecciones que le realiza el consistorio.
El establecimiento incendiado fue objeto de dos inspecciones alimentarias en 2022, los días 1 de abril y el 26 de mayo y según ha comprobado Facua en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento que en la información relativa a esas dos visitas de los inspectores consta que se trataba de un “bar sin cocina”.
Facua considera que, una vez que las inspecciones alimentarias constataron que el establecimiento desarrollaba una actividad de restaurante y no de bar sin cocina, “el Ayuntamiento debería haber aclarado el origen de la incongruencia”. De haber sido responsabilidad de la empresa propietaria, la asociación considera que “lo razonable” hubiera sido decretar la paralización de su actividad hasta que se produjese la debida subsanación.
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