MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
Facua insistió este miércoles en obligar a las empresas a tener seguros que cubran quiebras de festivales, pues las recientes cancelaciones de los Vive Festival de Salamanca y León evidencian que resulta “imprescindible” un cambio normativo que haga “indispensable” la contratación de un seguro de responsabilidad civil.
Según explicó en comunicado, numerosos usuarios que tenían previsto acudir al Festival de Salamanca, que se iba a celebrar el 8 de septiembre, están acudiendo a la asociación para trasladarle que la organización ha anunciado la cancelación del evento.
Preguntada por el proceso de devolución del dinero de las entradas, la empresa se ha limitado a informarles de que “lamentamos comunicarle” que ante la imposibilidad de atender el cumplimiento de sus obligaciones tras la suspensión de los dos festivales que se iban a celebrar en León y Salamanca, Music Mood SL, se ha visto “obligada a solicitar la declaración de acreedores”, según explica Facua.
La empresa aduce que “será, por tanto, el Administrador Concursal” en su caso designado quien habrá de determinar cómo proceder con la devolución de las entradas “en orden de salvaguardar los intereses de todos los acreedores”. La edición de León tenía previsto celebrarse en junio, pero fue igualmente cancelada, aunque sin explicar en aquel momento los motivos.
Facua señala que en 2019 expuso en una reunión a Alberto Garzón, actual ministro de Consumo en funciones, y por aquel entonces en la oposición como diputado y coordinador general de Izquierda Unida, esta y otras reivindicaciones necesarias para desarrollar la legislación vigente.
De este modo, critica que “todavía no se haya llevado a cabo” el desarrollo de la normativa vigente para que no vuelvan a ocurrir “situaciones similares de insolvencia” como la de Music Mood SL.
Facua recuerda que lleva años reclamando a las distintas fuerzas políticas que se pongan de acuerdo para, mediante ley, “obligar a las empresas” a que tengan un seguro de responsabilidad civil proporcional a su volumen de negocio para pagar posibles indemnizaciones “por daños” y que se cree un fondo de depósito con el mismo objetivo. La última ocasión, con motivo de las pasadas elecciones generales del 23 de julio.
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