MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
Facua-Consumidores en Acción lamentó este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya atendido su reivindicación de expropiar el uso de las viviendas vacías a los grandes propietarios para “imponerles” que las destinen a alquileres a precios sociales regulados por la Administración.
Así lo criticó en un comunicado donde denunció que entre las medidas anunciadas este lunes por Sánchez no ha incluido “ningún tipo de penalización a quienes mantienen vacíos sus inmuebles para especular con sus precios”.
La asociación trasladó el pasado octubre al presidente una serie de reivindicaciones en materia de vivienda entre las que destacaba la expropiación del uso de las viviendas propiedad de grandes tenedores que lleven más de un año vacías para que sean destinadas al alquiler social.
“El presidente únicamente ha dado a conocer que los propietarios de viviendas vacías que no las alquilan por temor a sufrir impagos por parte de los inquilinos podrán beneficiarse de una línea de avales del Estado si cumplen una serie de requisitos, entre ellos que apliquen un precio asequible, avales que comenzarán este año en alquileres con inquilinos de menos de 35 años”, subrayó en relación a una medida que valoró “a priori positivamente”, si bien está “a la espera de conocerla con mayor detalle”.
Junto a ello, también consideró “positivo” el programa de financiación de la rehabilitación de las viviendas vacías que vayan a destinarse al alquiler durante al menos cinco años a precio asequible.
FRENAR EL FRAUDE
En cuanto al resto de medidas propuestas por Facua, la mayoría de las cuáles se refieren a cambios regulatorios para “poner freno a abusos y fraudes” en los alquileres de viviendas, la asociación está “a la espera” de que el Gobierno “concrete de qué manera va a endurecer la regulación que persiga el fraude de los alquileres”, algo que, advirtió, “también ha anunciado el presidente sin dar ningún detalle al respecto”.
Así, Facua ha pedido la fijación de un marco de indemnizaciones que los arrendadores que cometan prácticas abusivas tendrían que abonar a los inquilinos que las denuncien y prohibición de incrementar sus precios por encima del IPC cuando cambien de inquilino o hagan firmar a este un contrato nuevo.
La asociación también reclama el reconocimiento del inquilino como consumidor, de manera que los “abusos” cometidos por los caseros sean considerados infracciones en materia de consumo, con lo que podrían ser multadas por las autoridades autonómicas de consumo, y establecimiento de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.
En lo que se refiere a la mejora de los mecanismos de control del fraude, otra de las reivindicaciones de Facua, la organización explicó que Sánchez ha anunciado la “creación de un fondo para que los gobiernos autonómicos y municipales puedan reforzar las inspecciones”.
En este sentido, la asociación viene pidiendo la coordinación de protocolos de inspección con las comunidades autónomas para revisar de forma aleatoria los contratos de alquiler depositados en las autoridades responsables del control del pago de las fianzas y emprender acciones sancionadoras contra los arrendadores que incurran en cláusulas abusivas.
Junto a ello, también demanda la puesta en marcha de un plan de inspección al sector inmobiliario en coordinación con las autoridades autonómicas de consumo para vigilar el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la ley de arrendamientos urbanos y la legislación en materia de consumo.
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