MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
Facua-Consumidores en Acción criticó este lunes que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023 “haya decidido cerrar” el expediente sancionador abierto el pasado verano a una serie de aerolíneas que no facilitaban teléfonos gratuitos de atención al cliente o que, en caso de hacerlo, éstos eran de “difícil” acceso y que lo haya hecho, además, “perdonándoles las multas”.
Así lo denunció la organización de consumidores en un comunicado en el que lamentó que, “tras más de tres años saltándose la ley”, la administración “competente” las “exime de pagar multa alguna porque se han comprometido a no seguir incumpliéndola”.
Facua ve “inaceptable” la, a su juicio, “extrema laxitud” del departamento de Pablo Bustinduy con empresas que “se han saltado la legislación, obligando a multitud de consumidores a realizar desembolsos económicos que no tenían por qué asumir por contactar con ellas telefónicamente”.
Según su punto de vista, de este modo el ministro “lanza al mercado un mensaje muy peligroso y perjudicial para los intereses de los consumidores”, como es el de que las empresas que se “salten” la legislación de consumo “pueden hacerlo sin temor a ser sancionadas si cuando las pillen se comprometen a dejar de hacerlo”.
Tras puntualizar que el Gobierno aprobó en diciembre de 2020 un cambio legal por el que las compañías que prestan servicios básicos de interés general deben ofrecer líneas gratuitas para la atención a los consumidores, recordó que, desde su entrada en vigor, el 21 de diciembre de ese año, ha venido realizando “sucesivos análisis” sobre “cientos de empresas afectadas por el cambio regulatorio” e hizo hincapié en que, en el sector aéreo, las primeras denuncias que ha interpuesto datan de enero de 2021.
EQUIPAJE DE MANO
Por lo que respecta al otro expediente sancionador abierto por Consumo a empresas del sector aéreo, por el cobro de un importe extra a los pasajeros que viajan con equipaje de mano, incidió en que el ministerio “no ha aclarado” las cuantías de las multas que plantea “ni si incluyen una estimación del beneficio ilícito obtenido por las compañías con esta práctica ilegal”.
En este ámbito, la asociación interpuso su primera denuncia, concretamente contra Vueling, ante el Ministerio de Consumo en octubre de 2021, si bien ya en 2018 había denunciado a Ryanair y Wizzair ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por este motivo, sin que ninguno de los dos organismos le comunicara “ningún tipo de actuación al respecto”.
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