Espera que el Ministerio de Consumo anuncie la apertura de expedientes sancionadores tras reclamar información a las compañías
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Facua-Consumidores en Acción ha considerado que la medida de rebajar el IVA a alimentos básicos impulsada por el Gobierno y que decae este martes ha sido “ineficaz e insuficiente” para los consumidores, según informa en un comunicado.
En concreto, la organización de consumidores cree que si la norma de por sí representaba “ínfimas bajadas de precios” en productos que en muchos casos venían experimentando incrementos descomunales, la “ineficacia” de la rebaja fiscal ha sido mayor ante la falta de controles sobre las grandes cadenas de distribución para hacerles cumplir la prohibición de subir márgenes.
Desde la puesta en marcha de esta medida, la asociación la rechazó al considerar que servía “de poco para aliviar el enorme encarecimiento que ha sufrido la cesta de la compra”. En estos meses, Facua ha realizado un seguimiento mensual de precios y alertado de que los supermercados pueden haber vulnerado la prohibición de aumentar sus márgenes de beneficio en muchos productos, una práctica prohibida por el real decreto-ley que estableció la bajada del impuesto.
Tras las denuncias, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió el pasado mes de febrero un requerimiento a las principales cadenas de supermercados e hipermercados en el que les solicitaba que acreditasen que estas subidas aplicadas desde enero de 2023 a los precios de numerosos alimentos básicos no han implicado aumentos en sus márgenes de beneficio. En julio, volvió a dirigirse a ellas para evaluar qué estaba pasando con los precios de los aceites de oliva de marca blanca.
Ahora, Facua se encuentra a la espera de que el Departamento que dirige Pablo Bustinduy anuncie la apertura de expedientes sancionadores a los supermercados.
La organización de consumidores recuerda que “siempre” ha defendido que la única medida realmente efectiva de control de precios pasa por la intervención estatal y el establecimiento de precios máximos, una capacidad amparada por la Ley de Comercio de 1996.
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