La entrega de otro de los reclamados está programada para el 22 de agosto
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El Juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha firmado un auto en el que da cuenta de la entrega a Francia de uno de los reclamados por el país galo por supuestamente vender móviles encriptados con el sistema ‘encrochat’, usado habitualmente por organizaciónes criminales.
En la resolución, fechada el 18 de agosto y a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, explica que se ha producido la entrega a las autoridades reclamantes de Francia (un tribunal de Lille) el 17 de agosto “practicándose todos los requisitos estipulados en la ley” que regula las órdenes de detención y entrega (OEDE).
Así, apunta que habiéndose cumplido el objetivo del procedimiento abierto en su juzgado, procede al archivo de las actuaciones dejando sin efecto las medidas cautelares, que consistían en la prisión provisional del detenido.
El ya extraditado era uno de los tres detenidos por la Policía después de recibir la OEDE de Francia en la que se les acusaba de cometer delitos relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos informáticos, conspiración, participación en organización criminal y tráfico de armas, municiones y explosivos durante el periodo comprendido entre los años 2017 al 2021.
Tras la detención en Madrid, el juez explicaba en el auto por el que acordaba enviarles a prisión que el fiscal interesaba esa medida cautelar por el riesgo de fuga, la falta de arraigo y dada la gravedad de los hechos.
“Así pues, la prisión provisional, en este caso, tiene la finalidad específica de evitar la sustracción de la persona imputada a la acción de la justicia y asegurar la ejecución en su caso de la entrega que pueda acordarse, razón por las que debe ser acordada esta resolución”, decía Pedraz.
En la OEDE emitida por el tribunal de instancia de Lille (Francia), al que también tuvo acceso esta agencia, se indicaba que fue en 2018 cuando la Gendarmería descubrió un sistema telefónico encriptado utilizado por grupos criminales y denominado ‘encrochat’.
La investigación francesa reveló que los detenidos supuestamente vendían este tipo de teléfonos a través de la empresa CIFRATEC y facilitaban a la red de ‘encrochat’ recursos logísticos en España a través de su empresa Inversiones Carambola.
“También proporcionaba ‘guarderías’ que se encargaban de recibir las tarjetas SIM y que eran personas vinculadas al tráfico de productos estupefacientes”, decía la OEDE, añadiendo que esto permitía enviar teléfonos con esta tecnología “a delincuentes de todo el mundo”.
QUEJAS POR EL PROCEDIMIENTO
Después de producirse la detención de estas tres personas, la defensa de dos de ellos, hermanos, se movilizó para tratar de evitar la extradición. Desde un primer momento han denunciado irregularidades en el proceso porque entendían que el juez de la Audiencia Nacional recogía en su auto que eran reclamados por una sentencia condenatoria de 30 años, cuando en realidad sólo son investigados.
Así, en diversos comunicados ha calificado la orden de detención de “ilegal” y emprendieron una recogida de firmas para protestar. En paralelo, mandaron un escrito al presidente de la Audiencia Nacional afeando que Pedraz actuara con “notable negligencia” al tomar la decisión de forma “arbitraria y apresurada”. Pero la decisión del juez ha sido avalada por la Sala de lo Penal.
Esta misma semana, la defensa de ambos elevó una reclamación al Defensor del Pueblo con el objetivo de que paralizara la entrega –la otra está programada para el día 22 según fuentes conocedoras– al entender que se trataba de una “deportación forzosa”.
Desde el Defensor del Pueblo, según documento que ha podido consultar esta agencia y que está fechado este 18 de agosto, acusan recibo de dicho escrito y apuntan que estudiarán si admiten o no a trámite la queja. Sin embargo, ya advierten de que la presentación del documento no suspende la ejecución de la resolución judicial no interrumpe plazos legales.
Fuentes de la defensa explican a Europa Press que valoran además acudir a la ONU por lo que entienden que es una violación de la Convención contra la Tortura.
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