PALMA, 17 (EUROPA PRESS)
El periodista especializado en migraciones y director insular de Comunicación de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Txema Santana, y la abogada saharaui especializada en extranjería, migraciones y derechos humanos Louelia Mint El Mamy han solicitado conjuntamente, este viernes, en Palma, en una rueda de prensa, organizada por la Universitat de les Illes Balears (UIB), una “regularización” de la migración, así como que la acogida de menores sea “una responsabilidad estatal”, siempre y cuando no sea posible reagrupar a estos jóvenes con familiares que estén en otro lugar del estado, ya que “no es positivo que zonas fronterizas deban asumir esta responsabilidad solas”.
Santana Suárez y Mint El Mamy han viajado a Palma para pronunciar la ponencia ‘Del rescate a la acogida. Las Islas Canarias como estudio de caso’, en el marco del postgrado de Experto Universitario en Migraciones en el Mediterráneo, título propio de la UIB.
Y, con motivo de ello, esta jornada han atendido a los medios de comunicación, en una rueda de prensa, donde el periodista Txema Santana ha expuesto que “la realidad de Canarias en materia de migración no es asimilable a la que tiene hoy día Baleares por el número de llegadas y el tamaño de población, pero si en cuanto a la insularidad y al hecho de ser frontera marítima de la Unión Europea”.
Así pues, y pese a que no es posible “elucubrar futuros” y determinar si Baleares puede llegar a vivir una situación similar a la que actualmente viven las Canarias, porque “la movilidad no es homogénea, no es una ciencia exacta”, el periodista ha considerado que dado que las islas son “una zona fronteriza” y que “vivimos en un mundo en el que las migraciones por mar son una tendencia al alza, debido a las limitaciones para otros tipos de migraciones, no se puede obviar que es una posibilidad”.
No obstante, ha precisado, que su deseo es que esto no sea así porque, de lo contrario, “supondría que podrían morir miles de personas cada año”, ya que “en la frontera de las Islas Canarias hay cifras de guerra, con miles de muertos por año”.
De hecho, ha subrayado Santana, “en lo que va de 2025, y apenas llevamos 15 días, han fallecido en la ruta canaria más de 400 personas”.
Asimismo, el también director insular de Comunicación de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria se ha referido a la acogida de menores, advirtiendo que “a veces, los jóvenes que llegan a territorios transfronterizo no tienen referentes adultos o los tienen en otras zonas del territorio” y, por este motivo, si fuera posible debería de fomentarse que “pudieran reagruparse con familiares que están en otras partes del territorio, siempre que ambas partes quisieran”.
“Si esto no fuera posible”, ha apostillado, “la acogida debería ser de responsabilidad estatal”, pues “no es positivo que la zonas fronterizas, y más en el caso de Canarias, que es una ruta abierta, con llegadas continúas, y en el caso de Baleares, que no tanto pero, bueno, también, deban albergar solas este asunto”, y “no por tema de capacidad, si no de responsabilidad compartida y de justicia con los menores”.
“Y no digo que debería ser una responsabilidad comunitaria porque es utópico pero, lo que es, es que debería ser comunitaria, porque quienes emigran no quieren venir a Calvià, a Pollença, o Manacor, como tampoco quieren ir a Arguineguín o a Corralejo, están viniendo a la Unión Europea”, ha incidido.
Y, por este motivo, y para “no generar vacíos legales que pueden ser muy peligrosos, ya que las personas que se lucran con la desesperación de otros existen”, ha solicitado que se impulsen “vías legales y seguras” de migración”, al tiempo que ha pedido “que si las migraciones son una cuestión estructural”, los gobiernos avancen en las normativas sobre esta cuestión, porque adaptar la movilidad “es un reto generacional”.
“A los políticos en general les pido responsabilidad y, a aquellos que ya la tienen, propuestas, porque hablar de poner a la armada para controlar las fronteras no son soluciones si no votos”, ha añadido, lamentando que “parece que queremos la movilidad de sur a norte enriquecida, pero no queremos que los que están desesperados lleguen en patera”, asumiendo incluso que, en ocasiones, lleguen a estar “años sin derechos”.
En resumen, “da la impresión de que a la Unión Europea le conviene tener una bolsa de trabajadores sin derechos sobre cuyos hombros se sostiene parte de su economía”, ha censurado Santana Suárez, denunciando que en ello “hay un punto de hipocresía”.
Por su parte, la abogada Louelia Mint El Mamy ha explicado que “las personas que llegan a la ruta canaria, que vienen de Bangladesh, Pakistán o de otros lugares del mundo han cruzado en un avión hacia otros países del continente africano, con lo que supone, y han llegado hasta Mauritania o Marruecos para montarse en un cayuco para sobrevivir”.
Así, ha lamentado que, “con estas políticas de contención y de externalización, lo que se ha generado ha sido que alguien pueda cruzar la mitad del mundo en un avión pero después se tengan que montar en una embarcación, y con ello menores”.
“No supone una alarma ni una amenaza que tengamos centros de menores, hay que explicárselo a la sociedad civil. No es un problema no es una amenaza”, ha considerado al respecto Mint El Mamy.
Pues, pese a que con los “discursos de odio” se haya deshumanizado a estos menores, “no hay diferencias entre estos y sus iguales, pues lo que quieren, como el resto de jóvenes, es que la chica que les gusta les sonría o un móvil donde ver lo último en TikTok”.
UNA “INTEGRACIÓN REAL”
Por eso, es tan importante una “integración real”, ya que “el problema o la amenaza se da cuando la gente no tiene derechos, cuando se deja a 40 menores en un centro, sin personal formado, sin control, sin límites, ni referentes” y “cuando, además, no regularizas su situación para que puedan emanciparse, no se les documenta ni se les forma”, porque no hay que olvidar, como ha apuntado, que los menores migrantes son “personas en situación de exclusión social y ese es el problema”.
“Necesitamos quitar miedos, que las personas conozcan a estos menores, que les pongan cara, rostro e historia, solo tal vez así se rompe el bulo”, ha incidido esta experta en extranjería, migraciones y derechos humanos, quien además ha instado al estado español a “coordinar a las comunidades autónomas en la acogida de estos menores, en vez de simplemente hacer que las autonomías cooperen”.
Pues, en su opinión, a día de hoy “la acogida de migrantes no es un problema de capacidad para las comunidades autónomas, es un problema de que esta cuestión se ha tratado como algo excepcional, con un fin racista, utilizando una narrativa concreta para decir que no podemos más”, cuando, según Mint El Mamy no es así, porque “no se pone en jaque el sistema de asistencia”.
Así, y dado que “quien gobierna tiene responsabilidad política”, esta letrada entiende que “hay que exigir responsabilidades a las comunidades autónomas y al Estado” para que se hagan cargo de la situación, “pero no se puede hacer utilizando a menores, como monedas de cambio”, ha apostillado, al verlo un tema “racista y de identidad”.
“A muchos no les preocupa que los menores son extranjeros, si no que son pobres porque la pobreza molesta”, ha indicado.
Por ello, ha reflexionado que “la migración no es un problema, el problema es lo que hace insostenible la vida de las personas, el no tener personal sanitario por no poder éste acceder a una vivienda asequible, no poder llenar la cesta de la compra por la inflación, que la gente se suicide porque no saber gestionar la ansiedad, eso son problemas reales”, mientras “estamos metiéndonos en una bola de que la migración va a quitarnos algo que no sabemos qué es”.
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