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Expertos solicitan en el Congreso mayor regulación de los discursos de odio en redes sociales y capacitación para los jueces

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PP alerta sobre censurar la crítica política y PSOE acusa a Vox de “disfrazar” la libertad de expresión

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Un grupo de expertos han pedido este martes en la Comisión de Igualdad del Congreso más control de los discursos de odio en redes sociales y formación para los jueces.

En este sentido, el vicesecretario General de Política Sindical del Sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España (UGT), Fernando Luján, ha denunciado que el fenómeno de los discursos de odio han convertido las redes sociales en un “estercolero” donde “proliferan la violencia verbal, la estigmatización y la deshumanización de colectivos vulnerables”.

Asimismo, ha apuntado que, aunque la Fiscalía General del Estado y las fuerzas de seguridad han “intensificado” su labor en persecución de este tipo de delitos, “se necesita una respuesta firme y coordinada por parte de todas las instituciones”. “No se trata sólo de castigar a quienes incitan al odio, sino de prevenir que estas conductas se arraiguen y se conviertan en una amenaza estructural para nuestra democracia”, ha afirmado.

Para Luján es “urgente” establecer controles “más estrictos”, exigir responsabilidades a las plataformas digitales y reforzar las herramientas legales “para frenar la impunidad en internet”.

Además, ha llamado a reforzar la formación de los jueces, de los fiscales, de los cuerpos de seguridad en la identificación y persecución de este tipo de delitos. “La correcta aplicación de la legislación es clave para garantizar la protección efectiva de las víctimas y evitar que los discursos de odio se normalicen en nuestra sociedad”, ha indicado.

Por último, el experto ha demandado una mayor cooperación internacional. “Es necesario que la Unión Europea y otros organismos multilaterales adopten estrategias conjuntas para combatir el discurso de odio en línea y establecer mecanismos de cooperación judicial más eficaces”, ha concluido.

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Por su parte, la abogada penalista, Laia Serra, ha tildado de “inaudito” que las empresas tecnológicas no tengan responsabilidad corporativa sobre los discursos de odio. “¿Por qué en 2025 nadie está planteando a las empresas tecnológicas cuál es su vinculación respecto de los derechos fundamentales, de todas las personas en particular y de las mujeres y otros colectivos minoritarios en particular? Es inaudito que no haya una rendición de cuentas y que no haya un diálogo a este nivel de una cuestión democrática y, por lo tanto, el desarrollo de la responsabilidad corporativa es un aspecto clave”, ha asegurado este martes Serra en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

Asimismo, la experta ha pedido adaptar “con urgencia” herramientas legales al campo tecnológico porque “ahí es donde se da el 99% de los discursos de incitación”.

También se ha referido a la libertad de expresión y ha dicho que es “manifiestamente falso” que exista una “censura expansiva” de contenidos. De hecho, ha añadido que es “al revés”, puesto que hay una “impunidad general” a nivel de contenidos “porque no se denuncia, porque las plataformas no atienden”. “Y también, no nos engañemos, porque los contenidos de odio tienen un calado tan amplio que el Estado español, ni los cuerpos policiales, ni la Fiscalía ni las entidades ahora mismo tenemos una red capaz de capturar tantos peces en el mar”, ha subrayado.

Por otro lado, la secretaria Confederal de Mujeres, Igualdad y condiciones de trabajo de CCOO, Carolina Vidal, ha reclamado políticas públicas y “discriminaciones positivas” para combatir los discursos de odio en el trabajo en su comparecencia en la Comisión.

“La mejor forma de combatir el odio, el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia, la misoginia, es que seamos iguales. Y para ser iguales necesitamos políticas públicas en primer lugar, necesitamos normas, necesitamos discriminaciones positivas para poder ser libres de elegir si queremos denunciar un acoso sexual, si queremos irnos de un empleo o si no queremos soportar determinadas cuestiones”, ha explicado Vidal.

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En este sentido, se ha referido al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Así, ha añadido que en España hasta 1,4 millones de mujeres españolas dicen que han sido en algún momento de sus relaciones laborales acosadas por un compañero o por su jefe. “Sin embargo, las estadísticas y nuestra propia experiencia en la acción sindical nos dicen que estas mujeres denuncian muy poco. El acoso sexual es una realidad invisible o invisibilizada”, ha lamentado.

En esta misma línea, Vidal ha indicado que actualmente hay 18.000 planes de igualdad activos. Estos ha destacado que “están siendo una herramienta, un instrumento útil y poderoso para localizar las fuentes de desigualdad, localizar de manera diagnosticada y concreta las discursos”.

Finalmente, la representante de la Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA), María del Carmen Martín, ha indicado que es “crucial” implementar políticas que aborden “de manera integral” la “discriminación múltiple” que enfrentan las personas con VIH.

En este sentido, ha expuesto que algunas de las cuestiones que “entretejen” el estigma alrededor del VIH es el miedo y la ignorancia hacia la enfermedad, así como los modos de transmisión del virus o los prejuicios y tabúes en torno a la sexualidad y los hábitos de vida de estas personas. “Combatir el estigma es fundamental para mejorar los esfuerzos de prevención y diagnóstico del VIH”, ha recalcado.

EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y ACTITUDES INCLUSIVAS

Igualmente, ha indicado que “la educación pública, la sensibilización, la promoción de actitudes inclusivas, de defensa de derechos, de apoyo, son esenciales para romper estas barreras”. “No podemos seguir normalizando actitudes discriminatorias en las instituciones ni compartirlas en los medios de comunicación, ya que fomentan la estigmatización y el rechazo, generando un impacto negativo en la vida y en el bienestar de toda la ciudadanía”, ha señalado.

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En el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios, la socialista Patria Otero ha dicho que “queda mucho por trabajar” respecto a la responsabilidad de las empresas tecnológicas. “Es trabajo de todos fomentar que estos discursos de odio no se propaguen y que no sean la antesala de estos delitos de odio”, ha subrayado.

Por su parte, Sofía Acedo, del PP, ha instado a no “caer en la tentación de usar abusivamente el discurso de odio para censurar la crítica política”. “La política no deja de ser el reflejo de la sociedad que tenemos”, ha afirmado.

Mientras, Esther Gil de Reboleño, de Sumar, ha recalcado que los discursos de odio están “erosionando” la democracia y la convivencia. Asimismo, ha criticado a la “extrema derecha”, por contribuir a “legitimar y amplificar” estos discursos. “Y esta tendencia, como todas sabemos, polariza el debate público y crea un caldo de cultivo propicio para que la discriminación se infiltre en los centros de trabajo”, ha indicado.

El diputado de Vox, Manuel Mariscal, ha hecho alusión a la libertad de expresión, “una herramienta que utilizan cada vez más los trabajadores de España, especialmente a través de las redes sociales, ante la necesidad de defenderse de las decisiones políticas que les perjudican en su día a día”. Precisamente, el diputado socialista Víctor Gutiérrez ha acusado a la formación que lidera Santiago Abascal de “disfrazar” de libertad de expresión, para que “siga habiendo barra libre para esos discursos tan dañinos”.


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