MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
La Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA), formada por expertos en diferentes áreas y cuyo objetivo es prevenir todos los tipos de violencia hacia grupos vulnerables, ha alertado de que la reforma de la Ley de Caza que se está tramitando en el País Vasco “pone en riesgo la integridad de niños y niñas” al permitir que asistan como acompañantes a las batidas, “algo que compromete gravemente su seguridad y vulnera la normativa de protección de la infancia”.
CoPPA ha dirigido un escrito a los grupos parlamentarios del País Vasco en el que propone enmiendas a ese texto, así como su justificación científica, sobre la premisa de que la reforma legal “debe respetar la normativa de protección de la infancia y evitar los peligros, físicos y psicológicos, que la exposición a esta actividad puede causar en niños y niñas”.
Además, se ha dirigido al Ararteko (Defensor del Pueblo) y a diversas asociaciones de protección de la infancia para alertar sobre una reforma que considera muy peligrosa: “Es inadmisible que la seguridad de niñas y niños quede supeditada a otros intereses; los derechos de la infancia están por encima de todo y es deber de los poderes públicos garantizarlos, no ponerlos en riesgo”, manifiesta.
Según explica, el problema de esta reforma es que se pretende incluir en la vigente Ley Vasca de Caza una figura denominada “acompañante” de caza. “La regulación de esta figura, tal y como está redactada, resulta tan amplia e indefinida que dentro de la misma podrían incluirse niños y niñas de cualquier edad; de hecho es lo que pretenden expresamente, según explican en la exposición de motivos”. “No tiene ningún sentido que la normativa de protección de la infancia y la adolescencia contemple situaciones de riesgo de lo más variadas de las que se protege a los menores y, por otra parte, se permita la asistencia, e incluso la participación, de niños y niñas en una actividad que implica el uso de armas, violenta por naturaleza y que, según se ha documentado en multitud de estudios, pone en peligro su integridad física y psicológica”.
Alerta de que la proximidad a armas y disparos implica un claro riesgo para niñas, niños y adolescentes. Cada año, los accidentes de caza se multiplican, dejando heridos, incluso fallecidos, entre los que se cuentan personas que ni siquiera estaban participando en la propia actividad.
Tampoco pueden pasarse por alto los estudios que documentan que el acceso a armas de fuego aumenta drásticamente las tasas de suicidios adolescentes por arma de fuego, y también contribuye a aumentar la tasa de suicidio por cualquier método. “Investigaciones han constatado que la proporción de suicidios de adolescentes con armas de caza es sustancialmente mayor en las zonas donde la caza es más común y que el uso de estas armas para quitarse la vida aumenta dramáticamente durante la época de caza. Un estudio halló, por ejemplo, un patrón de picos en el número de suicidios de adolescentes que se correspondían con las épocas de caza y cuando este tipo de armas era más accesible a los menores de edad”, advierten estos profesionales.
De hecho, la gran mayoría de los suicidios de niños y adolescentes cometidos con armas de fuego se produjeron con armas de un familiar. “Las investigaciones señalan que para esta población el acceso a armas de fuego presenta un mayor riesgo de suicidio que una depresión u otro trastorno de salud mental. Así, algunos autores sugieren que el acceso a armas de fuego puede ser un factor causal en la muerte de adolescentes suicidas”, alertan desde CoPPA.
Entre los menores de 19 años, la incidencia de suicidio aumenta notablemente a finales de la adolescencia. La mayoría de los intentos de los adolescentes de acabar con su vida ocurren con rapidez y de forma impulsiva. El acceso a estas armas facilita los intentos no planificados y aumenta la probabilidad de que el daño sea letal.
Además, CoPPA recuerda que la exposición a la violencia es un riesgo reconocido para la salud mental y niños, niñas y adolescentes son especialmente vulnerables a ese riesgo. Algunos menores expuestos a escenas de violencia hacia animales pueden experimentar angustia, tristeza, síntomas de ansiedad e incluso estrés postraumático. “En estas situaciones, además, los referentes adultos muestran aprobación, e incluso entusiasmo, ante la violencia. Este hecho puede aumentar la confusión sufrida por el menor y exacerbar las consecuencias negativas, incluyendo problemas de sueño, pesadillas y deterioro en el rendimiento escolar”, explican.
“Niños y niñas pueden adquirir también conductas agresivas a través de la observación e imitación de referentes de su entorno. Cuando el niño se identifica con los modelos involucrados en la agresión, o cuando percibe que la conducta es aplaudida o empoderadora, el comportamiento agresivo puede generalizarse y extenderse a otros contextos. Numerosas investigaciones han vinculado la exposición a la violencia contra animales en la niñez y la adolescencia con un mayor riesgo de conductas agresivas y antisociales, incluyendo el acoso escolar, la delincuencia y la violencia interpersonal, tanto en la adolescencia como en la edad adulta”, insisten.
Estos profesionales recuerdan que, como ha reiterado el Comité de los Derechos del Niño y dispone el ordenamiento jurídico, el interés superior del menor prevalece sobre cualquier otro. Ningún motivo puede justificar poner en riesgo o atentar contra la seguridad e integridad de la infancia y la adolescencia. “Es más, teniendo en cuenta la evidencia científica, lo lógico sería que la revisión de la Ley de Caza en Euskadi pusiera el foco en la protección de la infancia, de manera que las personas menores de 18 años no sólo no puedan ser ‘acompañantes’ de los cazadores, sino que tampoco puedan participar ni ejercer la actividad, de ninguna manera”, concluyen.
CoPPA es una organización con presencia en América Latina y Europa integrada por profesionales de la psicología, la psiquiatría, la sociología, la pedagogía, la criminología y el ámbito de los derechos humanos. Su objetivo es la prevención de la violencia hacia los grupos vulnerables, y para ello realiza acciones para impulsar y secundar proyectos legislativos y educativos, programas gubernamentales y acciones estratégicas desde el conocimiento científico y la experiencia que redunden en una mayor protección de aquellos colectivos en situación de indefensión.
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