MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
Expertas del ámbito jurídico, policial, sanitario y social coincidieron en la necesidad de transformar el sistema judicial para hacerlo accesible, efectivo y centrado en los derechos humanos, como mejor garantía “para proteger a mujeres y niñas con discapacidad”.
Lo hicieron durante La Conferencia Internacional organizada por la Fundación Cermi Mujeres, donde se analizó la respuesta que la administración de justicia, en sus distintos niveles, ofrece a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia.
En el encuentro, las participantes reclamaron ajustes de procedimiento, formación específica y datos fiables para garantizar una respuesta adecuada. “Sin reparación, apoyos individualizados y acceso al empleo, no puede hablarse de justicia real para las mujeres y niñas con discapacidad”, adujeron.
La Fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, reconoció los avances en formación y protocolos, pero señaló también que aún hay muchos aspectos sin desarrollar. Alertó sobre la persistencia de estereotipos, la falta de ajustes de procedimiento en los juzgados y la escasa aplicación de los artículos que exigen adaptaciones para garantizar la participación plena de las víctimas con discapacidad.
Señaló la necesidad de desarrollar la figura del facilitador, y remarcó que “la justicia debe ser accesible de forma efectiva, no solo en el diseño normativo, sino en la práctica real”. También valoró positivamente la reciente obligación del Ministerio Fiscal de escuchar a las víctimas antes de llegar a una conformidad, aunque estas no estén personadas como parte.
María Cristina Marí, de la Policía Nacional, destacó el trabajo de las Unidades de Familia y Mujer (UFAM) en investigación y protección, así como las herramientas de accesibilidad desarrolladas: guías en lectura fácil, bucles magnéticos, atención en lengua de signos y pictogramas, entre otras. Recordó que el ajuste de procedimientos “no es una opción, sino una obligación legal”, y subrayó la importancia de identificar también a las mujeres que no son conscientes de estar siendo víctimas. Destacó que el sistema VioGén contempla la discapacidad como un indicador de riesgo agravado, e insistió en la importancia de seguir formando a los cuerpos policiales.
Por su parte, la magistrada Auxiliadora Díaz, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, reivindicó la empatía, la escucha activa y la eliminación de rigideces procesales que generan barreras a las víctimas. Defendió un trato cercano y humano sin que eso comprometa la imparcialidad judicial, y alertó sobre el peso de los mitos que afectan a la credibilidad de las mujeres con discapacidad. Reclamó datos fiables, formación con perspectiva de género y discapacidad y una justicia que “no opere con prejuicios ni infantilización”. Su intervención culminó con una afirmación rotunda: “No basta con cambiar la norma, es imprescindible cambiar conciencias”.
Desde el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA), Sandra Millán destacó que muchas de las situaciones más crueles que han atendido implicaban a niñas y mujeres con discapacidad, incluyendo delitos de tortura y violencia sexual. Subrayó la importancia del trabajo coordinado con la Fiscalía y el movimiento asociativo para lograr una atención adecuada, y mostró datos de impacto: desde la firma de un convenio con la Fiscalía en Andalucía, el número de acompañamientos judiciales a mujeres con discapacidad ha aumentado un 400 %. Señaló la necesidad de apoyos individualizados y de escuchar la voluntad de la víctima para que participe activamente en su proceso judicial.
Asimismo, Miguel Lorente, médico forense y patrono de la Fundación Cermi Mujeres, situó la violencia contra las mujeres con discapacidad como un problema estructural de salud pública y reclamó el compromiso del sistema sanitario en la detección. Expuso que solo el 8 % de los casos se detectan desde los centros de salud, pese a que son un espacio clave para identificar las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia. “La medicina ha sido parte del problema; ahora debe ser parte de la solución”, afirmó, reclamando mayor responsabilidad institucional del ámbito sanitario en la erradicación de la violencia.
RECUPERACIÓN INTEGRAL
La tercera mesa de la Conferencia Internacional de Cermi Mujeres abordó una de las fases más olvidadas en la atención a las víctimas: su recuperación integral. Representantes de entidades sociales, fundaciones especializadas y expertas legales coincidieron en que la rehabilitación y la reintegración de las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia deben ser procesos individualizados, accesibles y con apoyos adecuados. Se destacó el papel clave del empleo, la figura del facilitador y el acompañamiento especializado como elementos para reconstruir proyectos de vida con autonomía. Además, se puso sobre la mesa el vínculo entre discapacidad y trata, y la necesidad de una legislación que contemple esta realidad de forma específica y con enfoque interseccional.
Virginia Carcedo, secretaria general de Fundación ONCE, presentó el programa ‘Mujeres en modo VG’, que ofrece acompañamiento individualizado y mejora de la empleabilidad a mujeres con discapacidad víctimas de violencia. Subrayó la importancia de contar con una metodología propia y técnicos especializados para lograr no solo su inclusión laboral, sino también su recuperación emocional y personal. “El empleo es clave para la autonomía y una vía de salida real de la violencia”, afirmó.
Por su parte, Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR, destacó el aumento en el número de mujeres con discapacidad intelectual que se atreven a denunciar, gracias a la figura del facilitador. “Pasamos de atender 3 casos al año a más de 500, y donde hay facilitador, el 84 % de los casos concluyen con sentencia condenatoria”, explicó.
Además, Rocío Mora, directora de Apramp, denunció que la discapacidad es un factor que incrementa la captación y explotación de mujeres y niñas en redes de trata, y reclamó una legislación específica que contemple esta intersección como agravante.
Laura Seara, asesora legal de Fundación Cermi Mujeres, insistió en que los procesos de rehabilitación y reintegración deben adaptarse a las necesidades individuales y estructurarse con base en los derechos de las víctimas según la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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