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Evangélicos denuncian CC.AA donde no se requiere consentimiento de los padres para activar protocolos con menores trans

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MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha publicado el ‘Informe sobre los protocolos educativos derivados de las leyes LGTBI autonómicas y ley trans’ en el que señala a las comunidades autónomas de Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco por sus protocolos educativos en los que “no se requiere el consentimiento de los padres o representantes legales para activar un protocolo de transición social respecto de su hijo” en el caso de menores que se definen trans.

“Resulta llamativo que en cuatro de los protocolos educativos analizados no se requiere el consentimiento de los padres o representantes legales para activar un protocolo de transición social respecto de su hijo/a (Aragón, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco), yendo por tanto en contra del principio general que defendíamos al principio de que los padres ejercen la representación de sus hijos”, indica el informe, al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, a FEREDE le parece “aún más alarmante” que, “en la mayoría de los casos, el protocolo se puede iniciar aun ante la negativa de los padres, atendiendo al interés superior del menor”, tal y como precisa en el documento, en el que analiza el impacto de las distintas normativas y protocolos educativos autonómicos en materia de protección e igualdad de los colectivos LGTBIQ.

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Para los autores del estudio, la “regla general” es que los padres definen lo que resulta mejor para sus hijos menores a cargo. Si bien, apuntan que “en cuestiones relacionadas con la transexualidad se observa una tendencia a la interpretación contraria por parte de los poderes públicos, considerando que la transición social es lo más conveniente para el menor, sin tener en cuenta las posibles consecuencias que esta puede tener, sin realizar una adecuada valoración de las circunstancias e incluso sin proceder a una valoración psicológica previa del menor”.

En concreto, tras analizar los diferentes protocolos autonómicos, FEREDE ha observado que “muchos” de esos protocolos interpretan que el prevaleciente “interés superior del menor” coincide con el “favorecimiento en todo caso de la transición social del alumnado que se considere trans” asumiendo que es “siempre positiva y beneficiosa para cualquier menor que presente indicios de disconformidad con su propio género”.

Además, los evangélicos apuntan que todos los protocolos educativos vigentes prevén como una de las principales medidas de tránsito social el cambio del nombre del alumno en la documentación administrativa no oficial (listados de asistencia, de exámenes, actividades extraescolares) así como el tratamiento por parte de la comunidad educativa conforme al mismo, sin que se haya producido el cambio en el Registro Civil.

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Asimismo, puntualiza que, salvo en Galicia, “no se establece una edad mínima para la aplicación de esta medida, ni se menciona la necesidad de valorar el grado de madurez del alumno”.

Ante estos resultados, FEREDE se ha dirigido a las comunidades y ciudades autónomas donde se han observado protocolos educativos que “restringen” la libertad religiosa y la patria potestad de los padres, solicitando su modificación. En concreto, lo han pedido a Castilla la Mancha, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y la ciudad autónoma de Melilla.

Además de pedir la revisión de estos protocolos, FEREDE reclama que se elaboren protocolos de prevención y tratamiento del acoso escolar y la discriminación de toda clase, y no solamente en los casos de discriminación por cuestiones relacionadas con la identidad sexual; que no se identifique el interés superior del menor con el favorecimiento en todo caso de la transición social del alumnado que se considere trans y que se analice cada caso concreto “con mucho rigor, reflexión y cuidado, con la intervención de personal debidamente formado, incluyendo valoraciones médicas”.

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También pide que “en todo caso se escuche y se tenga en cuenta la opinión y criterio de los padres, en el ejercicio de su patria potestad y libertad religiosa”.

Según precisa FEREDE, las consecuencias que un proceso de tránsito social del género puede tener durante la infancia o adolescencia de un alumno son “de gran trascendencia” y, “en ocasiones, pueden ser irrevocables y con un importante impacto en la salud del menor”. “Se trata de decisiones en una etapa de la vida en la que la persona está todavía en desarrollo y definición de su personalidad. Por ello, la decisión sobre el inicio de un protocolo de estas características resulta especialmente sensible”, advierte.


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