Recalca que “la resolución que estableció la comisión y los trabajos de la misma están motivados políticamente”
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Etiopía ha rechazado este viernes el reciente informe de los expertos de Derechos Humanos nombrados por Naciones Unidas para analizar la situación derivada del conflicto en la región de Tigray (norte), sumida en un conflicto desde noviembre de 2020.
“La comisión no tiene competencias o apreciación correcta del conflicto desencadenado por el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), en violación de la tregua humanitaria”, ha manifestado el Ministerio de Exteriores etíope.
Así, ha recalcado que “la comisión no puede arrogarse un mandato para pronunciarse sobre asuntos de paz y seguridad” y ha añadido que “su llamamiento para tomar acciones contra Etiopía por parte del Consejo de Seguridad de la ONU sólo muestran un comportamiento imprudente”.
El Ministerio de Exteriores ha hecho hincapié en que este llamamiento “reafirma la afirmación del Gobierno (etíope) de que la resolución que estableció la comisión y los trabajos de la comisión están motivados políticamente”.
“La comisión ha convertido los Derechos Humanos en un arma para presionar políticamente y ha expuesto sus verdaderas intenciones, cerrando todas las puertas a la cooperación con el Gobierno”, ha dicho, al tiempo que ha recalcado que Adís Abeba “seguirá respetando y garantizando el respeto de los Derechos Humanos y llevando a los violadores ante la justicia”.
El comunicado ha sido publicado una semana después de que los miembros de la comisión afirmaran que “dada la gravedad de la situación” por el repunte de los combates entre el Ejército y el TPLF pese a la tregua humanitaria, es necesario que el Consejo de Seguridad “mantenga la situación de Etiopía y el Cuerno de África en su agenda”.
Asimismo, resaltó que “tropas eritreas están participando en las hostilidades” y advirtió del riesgo de que la guerra “se expanda a otros estados”. Poco antes, el TPLF había denunciado nuevas operaciones militares de Eritrea y Etiopía en el noroeste de Tigray.
Por su parte, el Gobierno de Etiopía acusó a finales de agosto al grupo de “cerrar todas las opciones para la paz” en el norte del país y defendió las operaciones militares lanzadas contra el TPLF tras acusarlo de violar la tregua humanitaria y expandir el conflicto a las regiones de Amhara y Afar.
El conflicto en Etiopía estalló tras un ataque del TPLF contra la principal base del Ejército, situada en Mekelle, tras lo que el primer ministro, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el grupo tras meses de tensiones a nivel político y administrativo. En la actualidad hay en vigor una “tregua humanitaria”, si bien ambas partes se han acusado de impedir la entrega de ayuda.
El TPLF acusa a Abiy de azuzar las tensiones desde su llegada al poder en abril de 2018, cuando se convirtió en el primer oromo en acceder al cargo. Hasta entonces, el TPLF había sido la fuerza dominante dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias. El grupo se opuso a las reformas de Abiy, que consideró como un intento de socavar su influencia.
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