MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció este martes que mañana “arranca” la modificación del procedimiento por despido en casos de incapacidad legal por discapacidad sobrevenida para evitar situaciones de discriminación, lo que es “una vulneración de derechos en nuestro país”.
Así lo trasladó Díaz en la sesión de control al Gobierno en el Senado en respuesta a una pregunta del portavoz de Junts, Josep Lluís Cleries, quien pidió a la titular de Trabajo que explique las medidas que el Ejecutivo va a poner en marcha para reforzar el apoyo a los centros especiales de empleo (CEE), que se ven especialmente afectados por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
Cuando se aprobó la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término ‘disminuidos’ por ‘personas con discapacidad’ y para reforzar la protección de los derechos de esta parte de la ciudadanía, Díaz anunció que se llevaría a cabo una reforma del Estatuto de los Trabajadores para evitar que la norma sea el despido cuando hay una situación de discapacidad sobrevenida en un trabajador y que se prioricen adaptaciones del puesto o el paso a otras funciones si el empleado así lo desea.
Esta era una vieja demanda del Comité Español de Personas con Discapacidad (Cermi). Ahora, como anunció Díaz, “arranca” este miércoles la tramitación de esa reforma, partiendo de la fase de audiencia e información pública.
En este punto, la vicepresidenta segunda aprovechó para pedir el “voto afirmativo” al Pleno del Senado cuando tenga lugar la tramitación parlamentaria.
CONTINGENTE
En cuanto a los CEE, Díaz destacó la importancia de subir el SMI, lo que afecta a unas 106.000 personas que trabajan en este tipo de empresas, cuyas plantillas están formadas por más de un 70% de personas con discapacidad. “Es un contingente muy importante de seres humanos que han visto cómo mejoran sus salarios, pasando de 735 euros a 1.134 euros al mes”, remarcó.
Además, destacó el reciente acuerdo entre el Ministerio de Trabajo con el Cermi y la ONCE para acometer conjuntamente una reforma de los incentivos a la contratación de personas con discapacidad con un presupuesto de 1.774 millones de euros.
Asimismo, Díaz detalló que en la pasada legislatura las subvenciones a los CEE se incrementaron un 46%, hasta alcanzar los 757 millones de euros. Igualmente, puso en valor la confección del ‘Libro blanco del empleo de la discapacidad, del que dijo que se compromete a “desarrollar en esta legislatura”.
Por su parte, el senador de Junts reclamó que la subida del SMI vaya acompañada de medidas como el incremento de la financiación del salario de las personas con discapacidad con especiales dificultades hasta el 75% y la promoción de convocatorias de subvenciones extraordinarias para “ayudar a la viabilidad de los centros que están en situación límite”.
También pidió impulsar inversiones que mejoren su productividad y ofrecer instrumentos de capacitación a través de la formación dual.
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