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Este martes, tres imputados comparecerán ante el juez acusados de ejercer posibles presiones sobre el exabogado de Bárcenas

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MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tomará declaración este martes como imputados al abogado José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano –conocida como la ‘estafadora de la Jet Set’– y al empresario Juan Ramón Díaz Moro quienes, según sostiene Fiscalía, recibieron un encargo de personas “vinculadas al PP” para “presionar” al extesorero del partido político Luis Bárcenas y a su entonces abogado, el exjuez Javier Gómez de Liaño.

Este movimiento se produce después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimara un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y revocara el archivo provisional de esta pieza separada número 36 del ‘caso Villarejo’ o ‘Tándem’, que se abrió para investigar las presuntas presiones ejercidas sobre Bárcenas y Gómez de Liaño para que no se publicaran informaciones sobre el PP vinculadas a la trama ‘Gürtel’.

En ese auto, al que tuvo acceso Europa Press, los magistrados consideraron “prematuro” el paso dado por el juez instructor el pasado mes de noviembre, cuando a la vez que abrió esta línea de investigación acordó su sobreseimiento provisional.

El tribunal indicaba que el archivo no procedía porque había diligencias de investigación solicitadas por el Ministerio Público que no se habían practicado y que, tal y como ponía de manifiesto la Fiscalía Anticorrupción, existían “indicios de la comisión de delito”.

La Sala desestimaba, no obstante, la incorporación de esta pieza 36 a ‘Kitchen’ “para no entorpecer la ya muy avanzada tramitación” de esta última pieza, cuya instrucción ha concluido y en la que se investigó la presunta operación montada desde el Ministerio de Interior para robar a Bárcenas la información sensible que pudiera tener del PP y sus dirigentes.

LOS AUDIOS DE GÓMEZ DE LIAÑO

Tal y como señalaba el recurso del fiscal, la pieza 36 se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Marbella, acordada tras unas diligencias en las que se había ordenado la entrada y registro en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner. Sahitaj, según fuentes jurídicas consultadas, era una suerte de mediador que tenía conexión con el líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov.

El auto de la Sala recordaba que a partir de dicha entrada y registro se tuvo acceso por los investigadores a una dirección de correo electrónico en la que constaban cuatro archivos de audio que, en fecha 20 de octubre de 2014, fueron remitidos, desde la dirección de correo electrónico correspondiente al despacho profesional del abogado Javier Gómez de Liaño.

Dichos archivos de audio, indicaba la Sala, “pondrían de manifiesto de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido como ‘Gürtel’, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario”.

El juzgado de Marbella ofició a la Policía para que emitiera un informe e identificara a los tres interlocutores en los cuatro archivos de audio remitidos a la dirección de ’email’ de Gómez de Liaño, tratándose de José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Díaz Moro. El fiscal de ‘Tándem’ pedía citar a los tres en calidad de investigados una vez se estimara su recurso y se reabriera esta pieza.

En el mismo informe policial, se ponía de manifiesto información relativa a Halit Sahitaj, en cuya vivienda se encontraron los audios, “concretada en anotaciones realizadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo relativas a supuestos pagos recibidos por Gómez de Liaño que podrían resultar comprometedores –a los cuales, además, se hace referencia en los cuatro archivos de audio a fin de utilizarlos como elementos de presión–“.

“Asimismo, se pusieron de manifiesto gestiones realizadas en 2014 por el propio José Manuel Villarejo con Halit Sahitaj para obtener información sobre dichos supuestos pagos”, recogía la Sala, que apuntaba que esas gestiones habrían sido referidas también por el comisario al ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez –imputado en ‘Kitchen’–.


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