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Esta semana en el Congreso, PP, Vox, Junts y PNV pueden acabar con la protección del lobo al norte del Duero

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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

PP, Vox, Junts y PNV pueden finiquitar la protección del lobo al norte del Duero este jueves en el Congreso de los Diputados. Y es que la Cámara Baja votará ese día si incorporar o rechazar las más de 40 enmiendas incluidas por el Senado al Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Una de ellas, propuesta por el PP en la Cámara Alta y apoyada por Vox, Junts y PNV, supone la rebaja de la protección del lobo.

La norma se aprobará si los mismos partidos votan a favor en el Congreso. Y es que los votos a favor del PP (con 137 diputados), Vox (con 33), Junts (con siete) y EAJ-PNV (con cinco) ya sumarían mayoría absoluta (un total de 182), necesaria para aprobar la incorporación de enmiendas introducidas por el Senado y aceptadas por el Congreso.

A través de la enmienda, se añade una disposición final que modifica el Real Decreto para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y se especifica que la población protegida es la que se encuentra al sur del Duero. Los ‘populares’ justifican esta medida para “controlar el impacto que la especie está produciendo en las explotaciones ganaderas y con ello el desperdicio alimentario”.

“La legislación española establece que los cadáveres de animales, incluidos los muertos por ataques de lobos, deben ser gestionados conforme a las normativas sanitarias para prevenir riesgos de enfermedades. En consecuencia, solo los residuos de los cadáveres de ganado generados en un año por ataques de fauna silvestre, suponen un impacto en la generación de alimento de explotaciones ganaderas de cuatro millones de kilos de carne, dado que fueron más de 14.000 las reses muertas entre terneros, vacas, potros y ovejas”, explica el PP en la justificación de la enmienda, recogida por Europa Press.

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En principio, de refrendar la Cámara Baja este cambio, entraría en vigor una vez la norma sea publicada en el BOE, algo que suele suceder pocos días después de la aprobación, aunque también ha habido ocasiones en las que los textos se han demorado más.

AAGESEN PIDIÓ ESPERAR AL CENSO

En un reciente desayuno con Europa Press, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, indicó que espera tener el nuevo censo de poblaciones de los lobos españoles antes de verano, cuando se lo tiene que remitir a la Comisión Europea. Preguntada por la posible exclusión de la especie del LESPRE, como ha demandado el PP en varias ocasiones, la ministra se remitió a los datos que puedan conocerse en el censo, por lo que dijo que había que esperar. “Nuestra forma de actuar en este caso con el lobo y yo creo que prácticamente con todo es basarnos en la ciencia”, insistió.

El Gobierno se ha expresado de manera similar al responder a una pregunta por escrito en el Congreso registrada por Vox en la que los de Santiago Abascal han inquirido sobre si el Ejecutivo tiene entre sus prioridades el hacer frente a la amenaza que el lobo supone tanto para los ganaderos como para quienes viven en las zonas rurales de España y sobre si el Gobierno tiene intención de actuar para evitar que la población lobera continúe creciendo “y llegue incluso a colonizar espacios en los que hasta ahora no había hecho acto de presencia”.

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De esta forma, el Ejecutivo explica que contempla de manera “prioritaria” la necesidad de minimizar el conflicto que existe entre el lobo y la ganadería extensiva. En este sentido, ha recordado que adquirió el compromiso de apoyar a las comunidades autónomas, “las administraciones competentes”, para facilitar la adopción de medidas preventivas o protectoras del ganado y el pago de medidas indemnizatorias por los daños del lobo. Para ello, les transfirió un fondo de 20 millones de euros en 2022 y 2024.

“Lógicamente, el incremento de las poblaciones de lobo debe venir acompañado de las medidas citadas en la cuestión anterior para protección del ganado e indemnización de daños, los cuales deben disminuir conforme se generalice la aplicación de las medidas preventivas”, señala.

Por otra parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) señala que está dando continuidad al desarrollo de proyectos orientados a adquirir y aumentar el conocimiento sobre esta especie, como el Censo Nacional y del Programa Nacional de marcaje y seguimiento de ejemplares, así como otros destinados a optimizar las medidas preventivas existentes y diseñar otras nuevas.

Asimismo, el Gobierno indica que la presencia del lobo en España se ha considerado generalizada en el pasado, pero que la expansión de las actividades humanas y la persecución directa la han reducido notablemente, sobre todo a lo largo del siglo XX. Su posterior protección propició una ligera expansión a partir de los años 80. En 2018, se estimó que entre un 55-59% del territorio peninsular podría ser hábitat potencial para la especie, si bien el lobo sólo está presente en aproximadamente en un 20% del mismo.

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En todocaso, el Gobierno subraya que los lobos no constituyen un riesgo para la seguridad de los seres humanos de acuerdo con el conocimiento científico existente, que muestra que la especie al ser humano y no lo considera una presa. En este sentido, infica que los ataques conocidos en el pasado han estado siempre vinculados a la rabia, enfermedad que en el pasado transmitían los perros a los lobos, los cuales no son reservorio de la misma. “Una vez que la rabia no está presente, los escasos ataques de lobos a personas han desaparecido por completo”, recalca.

Además, señala que el estado de conservación de la especie en España es desfavorable, de acuerdo con los requerimientos del marco normativo comunitario y estatal y que es preciso corregir esta situación para dar cumplimiento a la normativa europea al respecto.

Por último, incide en que, según las consideraciones del Ejecutivo al respecto, la recolonización por parte del lobo del territorio es un proceso asociado en gran medida a la expansión creciente de sus presas (ungulados silvestres). “Éste deberá permitir recuperar un estado de conservación favorable para la especie, lo que facilitará el cumplimiento de la normativa ambiental”, añade.

Por ello, señala que la presencia de este depredador aporta diferentes beneficios relacionados con el control de la sobreabundancia de los ungulados. “Éstos causan importantes daños a la agricultura y a los bosques, son un potencial riesgo sanitario para la ganadería y causan un número elevado y creciente de accidentes en carreteras”, concluye.


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