MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
En la sede del Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha tenido lugar la jornada “Las Medidas Organizativas y Procesales de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y su impacto en el Ejercicio de la Procura”. La Justicia española afronta una sostenida crisis de medios, organización y recursos. La nueva Ley de Eficiencia Judicial (Ley 172025) establece incentivar y obligar a procesos de mediaciones conciliaciones y cualquier otro medio de actividad negociadora, para hacer frente al número actual de asuntos judicializados.
No es mala idea pues un alto porcentaje de los pleitos son susceptibles de solución sin cargar al sistema judicial ordinario. Pero hay otras soluciones. El texto, en vigor el 3 de abril, introduce importantes novedades en materia de consumidores, plazos procesales, competencias y la obligación de intentar acuerdos antes de acudir al juzgado.
Este evento ha supuesto una oportunidad clave para entender las reformas implementadas por esta nueva ley y su repercusión en el ejercicio diario de la procura .José Carlos Orga Larrés, vocal del Consejo General del Poder Judicial, y Verónica Ollé Sesé, directora general para el Servicio Público de Justicia, ofrecieron un análisis detallado sobre cómo las estructuras judiciales se han diseñado para hacer más accesible y eficiente la Administración de Justicia explorando la reconfiguración del sistema judicial a través de la creación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios.
Por su parte J. Miguel Bueno Sánchez, socio de Ayala de la Torre Abogados y abogado del Estado en excedencia, analizó la implementación de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) como requisito de procedibilidad poniendo de manifiesto el papel emergente del procurador como conciliador privado y reflejando la necesidad de priorizar la resolución amistosa de conflictos en lugar de acudir al litigio prolongado.
Manuel Díaz Martínez, Catedrático de Derecho Procesal de la UNED, presentó las reformas más significativas en los procesos declarativos, lo que incluye cambios en la normativa procesal que buscan agilizar y simplificar los procedimientos judiciales, optimizando así la carga de trabajo de los juzgados.
Por parte del CGPE intervinieron Óscar Alonso García, vicetesorero José Antonio Fandiño Carnero, decano adjunto a la Presidencia y Alejandro Asensio Muñoz, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil número 16 de Madrid, que se refirieron en sendas intervenciones a las nuevas responsabilidades que asumirán los procuradores en el marco de la ejecución, destacando su papel crucial en la eficiencia del servicio judicial.
EL PROCURADOR MEDIADOR AHORRA, EL PROCURADOR EJECUTIVO, MÁS
Los procuradores hemos sido pioneros, constituyendo en 2015 la Institución de Mediación del Consejo General de Procuradores de España y otras promovidas por los respectivos colegios. Todo con muy escaso éxito, pues no existe en España ni cultura ni incentivos económicos hacia la mediación. Ahora, la Ley 1/2025 promueve los “los mecanismos adecuados de resolución de conflictos” con la intención de convertirlos en “una herramienta esencial para descongestionar los tribunales y facilitar acuerdos previos al procedimiento judicial”.
José Antonio Fandiño, decano adjunto del Consejo General de Procuradores de España (CGPE) y presidente de la Comisión de Mediación es claro: “ojalá funcione, pero su obligatoriedad asegura el trámite, no su eficacia”. Fandiño matiza que la Institución de Mediación de los procuradores “es un elemento clave en nuestra responsabilidad corporativa para impulsar la cultura de la mediación”.
“El CGPE cree en la mediación, pero para agilizar la justicia y resolver los conflictos en tiempo y forma la mejor solución es otorgar más competencias al procurador: ejecuciones, notificaciones, embargos, tramitaciones* Crear el procurador ejecutivo, a coste cero para el Estado y de manera similar a cómo en Portugal o Francia se ha reducido a la mitad el atasco judicial” explica el decano adjunto del CGPE.
En conclusión, todos los profesionales jurídicos han de ser conscientes de que los métodos alternativos de resolución de conflictos han venido para quedarse. Pero la Ley 1/2025 busca superar esta situación con déficit de desarrollo reglamentario y de dotación económica. Los procuradores veremos los MASC como un aliado y no como un enemigo a batir y estamos preparados para ayudar y desplegar todas nuestras prestaciones. Dennos competencias.
Alberto García Barrenechea, decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) y secretario del CGPE moderó la jornada y señaló en su presentación que “La Ley de Eficiencia Procesal supone un hito en afrontar la necesidad compartida por todos los operadores jurídicos de agilizar y modernizar la Administración de Justicia en España. Su implementación supone un desafío para los procuradores, que deben adaptarse a un marco jurídico que enfatiza la digitalización y la incorporación a nuestra cultura de los Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC) como una herramienta fundamental”.
Para finalizar tuvo lugar un turno de preguntas y observaciones por parte de los asistentes. El CGPE, con esta jornada, ha querido contribuir a la comprensión profunda de las implicaciones de la Ley 1/2025 para el ejercicio de la procura y para analizar desde diferentes perspectivas las transformaciones que experimentará el sistema judicial.
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