MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
Más de 190.000 personas solicitantes de asilo en España aguardan una resolución de la que dependen su vida y su futuro. Esta cifra no incluye a aquellas que tienen que esperar durante meses o incluso más de un año en situaciones de irregularidad “ante los problemas crónicos para conseguir una cita”.
Así lo indicó en su balance de 2024 la comisión española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que cifró en más de 155.000 los solicitantes de protección internacional hasta el 30 de noviembre.
La mayoría procedían de Venezuela, Colombia y Perú, países cuyos nacionales representan casi el 70% de las peticiones. No obstante, se incrementaron también las personas que buscan refugio procedentes de Malí y Senegal y que llegan a través de la “mortal” ruta de Canarias.
En 2024, las autoridades de asilo denegaron un 47% de las solicitudes tramitadas, lamentó CEAR, y tan solo un 14% fueron resueltas favorablemente. A un 39% de solicitantes, la inmensa mayoría venezolanos, se les concedió el permiso por razones humanitarias, que es menos garantista.
CANARIAS
Por otro lado, CEAR llamó la atención sobre “los más de 5.000 menores migrantes solos” atendidos en Canarias, que “sobrepasa con creces” la capacidad de acogida y protección de las organizaciones e instituciones especializadas en infancia.
Junto a otras entidades de derechos humanos, pidió medidas urgentes que pongan en el centro la protección de la infancia, como la modificación del actual artículo 35 de la Ley de Extranjería.
“Es urgente que haya una redistribución justa y solidaria de estos menores para que se puedan garantizar plenamente sus derechos”, reclamó, ante “una situación de emergencia que no puede afrontar sola una comunidad autónoma”.
CEAR destacó que en 2024 se cumplieron 30 años desde la llegada de la primera patera a las costas canarias, “una de las rutas migratorias más mortales del mundo que, lejos de detenerse, ha marcado un nuevo récord de llegadas este 2024”.
“A falta de datos oficiales de cierre de año, más de 40.000 personas arriesgaron sus vidas para llegar al archipiélago y cerca de 1.000 perdieron la vida en el intento”, denunció.
PACTO CONTRA EL ASILO
Por otro lado, CEAR definió 2024 como “el año en que la Unión europea pactó contra el asilo”, en referencia al Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado en abril. A su juicio, este acuerdo “puede ser “devastador” para los derechos humanos si los Estados miembro “no lo implementan de forma garantista”. “Da pie a reducir las garantías del derecho de asilo y a reforzar las políticas de externalización de fronteras y de retorno”, indicó CEAR.
Además, “apuesta por un mecanismo de solidaridad a la carta” o “flexible”, no establece un reparto equitativo de las responsabilidades del asilo, y extiende la aplicación de procedimientos acelerados y también las detenciones sistemáticas en las fronteras”.
En su opinión, “el Gobierno español tenía la oportunidad de marcar la diferencia con el resto de socios europeos y liderar otra política migratoria centrada en las personas y sus derechos”.
Sin embargo, “el Plan de implementación que ha presentado España a la Comisión Europea deja la puerta abierta a que se puedan vulnerar flagrantemente derechos fundamentales, como la asistencia jurídica gratuita, el análisis individualizado de las solicitudes, el derecho a la interpretación o la tramitación de las solicitudes por el procedimiento ordinario cuando se detecten necesidades especiales”, lamentó.
“La participación de la sociedad civil en el proceso es una asignatura pendiente y la mayoría de las propuestas de las organizaciones sociales han caído en saco roto”, criticó CEAR. Por ello, resaltó la “especial importancia del decisivo trabajo” de cara a “la anunciada e inminente nueva Ley de Asilo”.
REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA
Según CEAR, el nuevo Reglamento de Extranjería “establece algunas mejoras importantes en cuestión de permisos por arraigo, pero no logra un cambio sustancial y definitivo”.
Entre las primeras, destacó la reducción de un año del tiempo exigido para solicitar la regularización de la situación administrativa, la flexibilización de requisitos o el desarrollo de los visados como vía regular de entrada.
Como parte negativa, CEAR advirtió de que los más de 190.000 solicitantes de asilo que se encuentran pendientes de resolución o admisión quedarán en situación administrativa irregular si sus peticiones son denegadas. “A pesar de que se abrieron canales formales de escucha, las propuestas de la sociedad civil apenas han tenido impacto en la norma aprobada”, lamentó.
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