MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
La Unión Europea multará con al menos siete millones de euros a España por no haber transpuesto la directiva sobre permisos de conciliación, que obliga a que cuatro de las ocho semanas del nuevo permiso parental por cuidado de menores de hasta ocho años sean retribuidas.
El plazo concluyó este dos de agosto y, desde ahora, España afrontará una sanción que comenzará por unos siete millones de euros y que, en función del tiempo que transcurra hasta que se aplique esta directiva, la cuantía irá aumentando, según explicó este viernes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
En principio, era una medida que el Gobierno iba a aprobar en España utilizando como marco legislativo los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que no se tramitaron finalmente por el adelanto de las elecciones autonómicas en Cataluña y las dificultades añadidas para que el Gobierno de coalición pudiera encontrar apoyos parlamentarios para que las cuentas públicas pudieran salir adelante.
“Nosotros creemos que hay que darle una respuesta cuanto antes en la ley de presupuestos o fuera de ella, porque el incumplimiento ya está constatado y es completo. Y lo que quiero decir además es que, diga lo que diga la directiva, el compromiso que este Gobierno tiene con los ciudadanos es muy claro y también está expresado en el programa de Gobierno”, exhortó el secretario de Estado y ‘número dos’ de Yolanda Díaz en la cartera de Trabajo.
En este sentido, insistió en que hay que ampliar los permisos de nacimiento hasta las 20 semanas y hay que garantizar cuatro semanas de permisos parentales retribuidos para poder garantizar el derecho a la conciliación. Por ello, urgió a que el Ejecutivo dé “una respuesta inmediata” y avisó de que Trabajo no “cejará en su empeño” para que eso sea así.
Con todo, puso en valor los progresos que este Gobierno ha aprobado en materia de conciliación, como la equiparación total entre hombres y mujeres del permiso por nacimiento, aunque hizo hincapié en resolver esta situación con celeridad.
“Estamos ante un incumplimiento de nuestras obligaciones con Europa y claro que estamos siendo emplazados y apercibidos por la Comisión Europea, básicamente en un montante que roza los siete millones de euros de momento y que obviamente se irán agravando en la medida en que ese incumplimiento se esté sosteniendo en el tiempo”, apuntaló el secretario de Estado.
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