El Gobierno prevé resolver casi 200.000 expedientes todavía pendientes con el refuerzo de 295 empleados en las Oficinas de Extranjería
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
España registró el año pasado más de 866.790 solicitudes de autorizaciones de residencia y trabajo por parte de extranjeros, alcanzando el récord de peticiones por año en la serie histórica 2012/2021. Esta cifra supone un incremento del 28,57% respecto a 2020 y del 11,60% respecto a 2019.
Así lo ha revelado este martes 9 de agosto el Ministerio de Política Territorial, que ha anunciado la incorporación de 295 empleados públicos de refuerzo en las distintas Oficinas de Extranjería a lo largo del país para hacer frente al aumento de solicitudes de autorización de residencia y trabajo de los últimos años.
El objetivo de este refuerzo es, según explica, reducir el número de autorizaciones en trámite y los tiempos de resolución. Así, el Ejecutivo calcula que con este personal se reducirán aproximadamente unos 190.000 expedientes pendientes de resolución, se concluirá la regularización de los ciudadanos británicos tras el Brexit y se hará frente a la tendencia al alza de las solicitudes presentadas por ciudadanos de otras nacionalidades.
De este modo, los 295 nuevos empleados públicos quedarán repartidos de la siguiente manera entre las Oficinas de Extranjería de las diferentes comunidades: Madrid (56), Cataluña (61), Baleares (19), Comunidad Valenciana (38), Andalucía (49), Canarias (23), Castilla-La Mancha (4), Aragón (7), País Vasco (9), Galicia (2), Murcia (15), Navarra (3), Asturias (3), Ceuta (2), Melilla (2), Cantabria (1) y La Rioja (1).
REFORMA DEL REGLAMENTO
Precisamente, el Gobierno aprobó a finales de julio una reforma del reglamento de Extranjería para facilitar la incorporación de los extranjeros al mercado de trabajo.
Con esta modificación, el Ejecutivo prevé “racionalizar y actualizar” las figuras del arraigo social y laboral, así como la autorización para residir por reagrupación familiar. Igualmente, se incorpora una nueva figura de arraigo por formación para permitir que migrantes que lleven dos años en España de manera irregular y quieran formarse en profesiones particularmente deficitarias, que puedan hacerlo.
Para poder acogerse a esta última modalidad, la persona extranjera deberá comprometerse a realizar una formación reglada para el empleo, y aunque podrá formarse en el sector o profesión que desee –también será válida la formación ocupacional que imparte el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)–, tendrá más facilidades si lo hace en sectores donde hay más demanda de trabajadores. Para obtener el permiso de residencia deberán acreditar que han firmado un contrato de trabajo.
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