Casi la mitad de las leyes aprobadas por las Cortes en 2024 tiene su origen en la legislación comunitaria
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
España ha arrancado el año con más de 80 directivas europeas pendientes de transponer y ya acumula un total de 90 expedientes abiertos, situándose así como el país de la Unión Europea (UE) con más incumplimientos en la aplicación de la legislación comunitaria.
Así consta en el último informe elaborado por la Oficina del Parlamento Europeo en España con el objetivo de analizar cómo se traslada la legislación europea a nuestro país y que ha sido presentado ante los medios este martes en el Congreso de los Diputados.
En concreto, en diciembre de 2024, España contaba con un total de 87 directivas europeas pendientes de transposición, de las cuales 29 ya han cumplido el plazo para ser aplicadas y una de ellas está a punto de hacerlo. Para la mayoría de las 57 restantes tiene de plazo hasta el 2026.
El grueso de las normas que aún no se han incorporado a la legislación nacional tienen que ver son asuntos relativos a la transición ecológica (16), la economía (15), el trabajo y la inmigración (una decena) y la sanidad (siete normas pendientes).
SANCIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA
La no aplicación de estas transposiciones deriva normalmente en una apertura de expediente por parte de la Comisión Europea, donde España se sitúa a la cabeza con un total de 90 infracciones abiertas, seguida de Polonia con 88, Grecia con 81 y Bulgaria con 79.
Esta apertura de expediente puede darse o bien por no aplicar la transposición o también por no cumplir correctamente con lo marcado por Europa y suele derivar en sanciones económicas.
Si se analizan todas las leyes que fueron aprobadas durante el año 2024 en las Cortes Generales, un total de 24, el 46%, tuvieron un origen europeo ya que derivan de directivas o reglamentos marcados por la UE.
IMPUESTO A LAS MULTINACIONALES
Algunas de estas leyes han sido por ejemplo, la reforma de la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para permitir a los presos, incluidos los de ETA, conmutar las penas que han cumplido en el extranjero, o también el impuesto a las multinacionales de la reforma fiscal impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Este porcentaje de influencia europea en la legislación se ha mantenido bastante estable en los últimos seis años, con una media del 53%. Sin embargo, en 2023, año de las últimas elecciones con el parón legislativo correspondiente, el 72% de las leyes aprobadas habían surgido del ámbito comunitario.
TAMBIÉN LA UE ENTRA EN EL CONSEJO DE MINISTROS
Aunque la influencia europea no solo se nota en las Cortes Generales, el Gobierno, a través de los reales decretos tiene también la posibilidad de cumplir con las exigencias de la UE para adaptar la legislación nacional.
De hecho, en 2024, el Consejo de Ministros aprobó un total de 20 reales decretos con el objetivo de transponer directivas europeas, la gran mayoría de estas relacionadas con la política agrícola o la pesca pero también con el transporte o las condiciones laborales.
A todas estas normas, hay que sumar a demás, los 84 reglamentos que durante el último año fueron aprobados por Europa y cuya aplicación es directa en todos los estados miembros.
De hecho, a diferencia de las directivas europeas, los reglamentos aprobados por la UE no necesitan tramitación legislativa en el país para su aplicación, a no ser que exista un choque con alguna de las leyes vigentes a nivel nacional, que en ese caso el país tiene que llevar a cabo una modificación de dicha norma.
Sin embargo, para la aplicación de las directivas sí que es necesario una ley nacional que la transponga y los países tienen normalmente un plazo de dos años para elegir cómo adaptar su legislación a los requerimientos europeos.
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