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España cierra 2022 en el “vagón de cola” europeo en el Barómetro de Electromovilidad de Anfac

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MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

España cerró 2022 en el “vagón de cola” europeo del Barómetro de Electromovilidad elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) tras obtener 15,3 puntos (3,5 más que en 2021), lejos de la media del conjunto de los países europeos, que se situó en 33,7 puntos sobre 100, siete puntos más que el año anterior.

De este modo, la organización ha valorado que el ritmo de desarrollo de la electrificación en Europa se está “partiendo en dos”, con un grupo en cabeza liderado por países como Alemania (53 puntos), Países Bajos (66,5 puntos) o Reino Unido (37,2 puntos) que crecen por encima de la media europea y en el que también destaca Portugal (33,1 puntos).

Sobre este último país, Anfac ha resaltado que gracias a su fiscalidad y a unas medidas “enfocadas en favorecer el desarrollo de la electromovilidad” se sitúa “al mismo ritmo que la media en Europa, habiendo acelerado su ritmo de desarrollo”.

En tanto España, se ubica en el “vagón de cola”, al mismo nivel de desarrollo que países como Italia (17,3 puntos), Hungría (13,2 puntos) o República Checa (12,9 puntos).

Por otro lado, todas las comunidades autónomas españolas ofrecen un “ligero aumento” en 2022 en relación con el año anterior a pesar del “lento desarrollo” de la infraestructura de recarga y de la penetración de los vehículos electrificados.

En el ‘top 3’ de comunidades autónomas, Madrid encabeza el ranking con un total de 21,5 puntos sobre 100, seguido de Navarra (18,7 puntos) y Cataluña (18,5 puntos), mientras que en las posiciones más bajas se sitúan Melilla (5,7 puntos), Andalucía (10,4) y Murcia (11,7).

PENETRACIÓN DEL VEHÍCULO ELECTRIFICADO

En el indicador relativo a la penetración del vehículo electrificado, España obtuvo 23,2 puntos, lo cual supone un avance interanual de 3,6 puntos.

“Con esta puntuación España se posiciona en el antepenúltimo puesto del ranking del Barómetro de Electromovilidad. La media europea logra un incremento de 7,4 puntos, el doble que España, situándose en un total de 51,2 puntos sobre 100. El indicador refleja el ritmo tan desigual que países como Alemania, Noruega o Países Bajos están obteniendo con crecimientos por encima de los 10 puntos”, ha subrayado Anfac.

INFRAESTRUCTURA DE RECARGA

Según Anfac, en el apartado relativo a la infraestructura de recarga España ha obtenido 7,3 puntos sobre 100 (3,3 puntos más que en 2021), “ocupando así las últimas posiciones en el ranking europeo”.

La organización ha señalado que a pesar de ese incremento, España se sitúa “muy lejos” del ritmo de desarrollo de la media europea, que creció en 6,7 puntos, hasta alcanzar una valoración total de 16,2 puntos.

Anfac ha indicado que la infraestructura de recarga de acceso público en España alcanzó los 18.128 puntos, lo cual supone un aumento de 4.717 conexiones de este tipo en comparación con el año anterior.

No obstante, estas últimas cifras difieren de las de Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos (EAFO), que apuntan que en España había 34.380 puntos de recarga públicos instalados en 2022 y ubica al país en el ‘top 5’ europeo con mayor número de este tipo de instalaciones.

Acerca de ello, Anfac ha argumentado que existen diferencias en el modo de contabilizar estos puntos y tambiél lo achaca a que en sus cálculos descarta, por ejemplo, aquellas conexiones que no están operativas o no permiten la carga simultánea.

“Anfac, desde la primera edición de este Barómetro, utiliza datos para España procedentes de fuentes privadas (Electromaps) y realiza un análisis detallado de los mismos, descartando aquellos puntos de recarga de acceso público que no están operativos y que no permiten carga simultánea (…) mientras que para el resto de los países se usan los publicados por EAFO”, ha destacado la organización.

“El dato usado para España no necesariamente coincide con el de EAFO, pues desde la asociación se considera más preciso tras el análisis realizado con fuentes privadas y ante la falta de una plataforma de información oficial de puntos a nivel nacional, tal y como estaba previsto por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para el mes de mayo del año pasado”, ha agregado.

En esa línea, la organización ha reiterado que España se mantiene lejos del objetivo de 45.000 puntos de recarga públicos fijado para 2022, al tiempo que ha destacado que al ritmo actual “será difícil” alcanzar la meta recogida en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de lograr entre 80.000 y 100.000 puntos de recarga de acceso público y 250.000 vehículos electrificados para este año.

“La electrificación de nuestra movilidad es más que un compromiso, es una exigencia, y más tras la confirmación por parte del Parlamento Europeo de la prohibición de los vehículos de combustión para 2035. Pero los resultados del Barómetro de Electromovilidad de Anfac para 2022 evidencian que el nivel de exigencia requerido no está yendo acorde con el nivel de medidas para facilitar esta transición”, ha valorado el director general de Anfac, José López-Tafall.

A su juicio, en 2022 no se han logrado los objetivos mínimos en cuanto a la infraestructura de recarga ni en lo relativo al mercado necesarios para cumplir con las reducciones de emisiones marcadas para 2030.

“Desde el sector ya hemos advertido de que el ritmo de electrificación está siendo muy lento. Hay oferta existente, pero tanto la demanda como el desarrollo de puntos de recarga públicos están siendo claramente insuficientes. Nos enfrentamos a un plazo de 12 años en el que solo se van a poder vender vehículos cero emisiones. Si queremos que este cambio sea una oportunidad y no un riesgo real para nuestra industria y su empleo, es necesario acelerar y actuar desde ya mismo”, ha defendido.

Asimismo, ha insistido en que la normativa europea de emisiones Euro 7, más restrictiva que la actual, penalizará las inversiones en tecnologías para el vehículo eléctrico al detraer “tiempo, talento y dinero” en hacer más eficientes unos vehículos de combustión que no podrán venderse en la Unión Europea a partir de 2035.


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