Denuncia que buscan “alterar la composición demográfica” y esgrimen que no tienen “validez legal”
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
España ha defendido este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos no solo no tienen “validez legal” sino que constituyen un “grave obstáculo” para la creación del Estado palestino.
Así lo han hecho los representantes del Estado en su intervención durante las audiencias organizadas por la CIJ antes de emitir una opinión consultiva sobre las consecuencias legales de las políticas llevadas a cabo por Israel en los territorios palestinos ocupados.
El jefe adjunto de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Emilio Pin, ha sostenido que conforme a la IV Convención de Ginebra la “potencia ocupante”, en este caso Israel, no puede “deportar o trasladar a parte de su propia población civil al territorio que ocupa” además de prohibir cualquier medida que anime al traslado de parte de su población a dichos territorios.
“Los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén Este, no tienen validez legal, constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional y un grave obstáculo para la consecución de la solución de dos Estados” como han señalado de forma repetida varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, ha sostenido.
La creación de estos asentamientos, ha proseguido Pin en su argumentación, busca “alterar la composición demográfica de esos territorios”, lo cual contraviene la IV Convención de Ginebra.
Asimismo, ha afeado que las demoliciones de viviendas de palestinos por parte de Israel tienen como resultado el “desplazamiento forzoso” de estos e “impide el retorno de facto de las familias y comunidades palestinas a sus alojamientos originales”, lo cual es contrario al Derecho Internacional Humanitario.
Por otra parte, durante su exposición, Pin también ha dejado claro que Israel es la potencia ocupante no solo de Cisjordania y Jerusalén Este, sino también de la Franja de Gaza, pese a que se retiró unilateralmente en 2005, puesto que ha mantenido “el control efectivo” dado que controla su espacio aéreo, sus aguas territoriales y también sus fronteras exteriores.
También ha indicado que a España le preocupa particularmente “la detención, interrogatorio, procesamiento y encarcelamiento” de numerosos menores palestinos por parte de “las fuerzas de ocupación israelíes” puesto que es contrario a la Convención de los Derechos del Niño.
AUDIENCIAS EN LA CIJ
España ha sido el penúltimo de los 52 países que han pedido intervenir en estas audiencias, entre los que han estado buena parte de los países de la UE así como Estados Unidos, China o Rusia. También han tomado la palabra para expresar sus opiniones la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y la Unión Africana.
Estas audiencias son el resultado último de la resolución adoptada el 30 de diciembre de 2022 por la Asamblea General de la ONU por 87 votos a favor, 26 en contra –entre ellos los de Estados Unidos y Reino Unido– y 53 abstenciones –entre ellas España así como otros países europeos como Francia, Grecia o Suecia–.
El texto pide a la CIJ que “emita una opinión consultiva” en base a “las normas y los principios del Derecho Internacional”, incluida la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos así como las resoluciones tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos.
Más en concreto, quieren que el órgano judicial se pronuncie sobre las “consecuencias jurídicas que se derivan de que Israel continúe violando el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de sus prolongados actos de ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967” tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este.
Asimismo, se pide su opinión sobre “cómo afectan” estas políticas y prácticas de Israel “al estatuto jurídico de la ocupación y qué consecuencias jurídicas se derivan de ese estatuto para todos los Estados y para Naciones Unidas”.
Después de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, transmitiera por carta a la CIJ la petición de opinión consultiva de la Asamblea General el 17 de enero de 2023, se abrió un plazo para que todos lo países que lo quisieran, incluida la Autoridad Palestina que tiene estatus de observador, hasta el 25 de julio de ese año para presentar declaraciones escritas.
A continuación se abrió un segundo plazo hasta el 25 de octubre para presentar comentarios escritos a las declaraciones hechas por otros estados. Tanto las declaraciones escritas como los comentarios son documentos secretos a menos que la CIJ finalmente decida hacerlos públicos durante o después de la apertura de las audiencias orales. Una vez concluyan dichas audiencias, la corte se retirará a deliberar y posteriormente dará a conocer su opinión en audiencia pública.
Las audiencias que se cierran esta lunes nada tienen que ver con la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por la posible comisión de genocidio en su actual ofensiva militar en la Franja de Gaza, en virtud de la cual la CIJ dictó medidas preliminares el pasado 26 de enero.
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