MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Escuelas Católicas ha alertado sobre el “grave impacto” de la nueva tasa de residuos en los colegios y ha anunciado que recurrirá aquellas ordenanzas municipales que no tengan en cuenta las circunstancias especiales de los centros concertados.
La organización que integra a 1.952 centros educativos católicos ha expresado su preocupación ante la aplicación de la nueva tasa de residuos derivada de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que “está generando un fuerte impacto económico en los centros educativos”.
La norma obliga a los ayuntamientos a establecer esta tasa antes de abril de 2025, pero su, a su juicio, “falta de concreción y la discrecionalidad en su aplicación han llevado a que algunos municipios impongan cuotas desproporcionadas, basadas en criterios como la superficie o el valor catastral de los inmuebles”.
“Las ordenanzas municipales deben aplicar el principio de que ‘quien contamina, paga’, esto es, ‘quien más contamina, más paga’. Sin embargo, numerosos ayuntamientos están obviando este criterio de base y plantean fórmulas de cálculo de la cuota que solo tienen en cuenta aspectos que no demuestran la capacidad de generación de residuos del sujeto pasivo (superficie), lo que se traduce en liquidaciones injustas y contrarias a derecho”, ha asegurado Escuelas Católicas.
Asimismo, ha lamentado la “ausencia” de exenciones o bonificaciones para los centros concertados, “justificadas por el hecho de ser prestadores del servicio público de educación y por su falta de capacidad contributiva, al no recibir financiación pública para hacer frente a este coste, aumenta la precariedad económica de la red concertada y puede ser el ‘golpe de gracia’ para muchos de ellos”.
Ante esta situación, Escuelas Católicas ha presentado impugnaciones judiciales contra la Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, y varias entidades titulares de colegios han interpuesto sus propias demandas al considerar que la norma no se ajusta a derecho.
En este sentido, avisa de que continuará recurriendo aquellas ordenanzas municipales que no tengan en cuenta las circunstancias especiales de los centros concertados católicos e insta a los colegios afectados “a impugnar individualmente las liquidaciones que reciban, ya que una resolución favorable contra las ordenanzas municipales no extendería automáticamente sus efectos a quienes no hayan presentado recurso”.
Además, para apoyar a los colegios en este proceso, Escuelas Católicas ha encargado a un despacho especializado en fiscalidad municipal la elaboración de un informe jurídico con opciones de reclamación y modelos de recursos administrativos.
NO PUEDEN ASUMIR LAS NUEVAS TASAS QUE ENTRARÁN EN VIGOR EN JULIO
Por su parte, la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza (AESECE), que afilia a cerca de 150 centros concertados de toda España, ha advertido de que las nuevas tasas de basuras “son inasumibles” para los colegios.
De este modo, ha manifestado su preocupación por la aplicación a partir de julio de unas nuevas tasas de basuras “en las que se omite la bonificación para las entidades sin ánimo de lucro y que pueden llegar a ser de hasta 30.000 euros, algo inasumible para muchos centros concertados”.
“Con esta tasa se desangra más a la enseñanza concertada que ya de por sí está infrafinanciada como se ha denunciado desde nuestra asociación en numerosas ocasiones”, asegura el presidente de AESECE, Javier Iglesias Mohedano.
La asociación explica que el “problema” parte de una ley estatal, de 2022, inspirada en una directiva europea, que “obliga a los ayuntamientos españoles a implantar una tasa que cubra el coste de la prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos”.
“Se trata de una obligación que los ayuntamientos han de cumplir, que introduce elementos de sostenibilidad y economía circular. Este gravamen ya existía en muchos ayuntamientos, pero solía tener una bonificación para entidades sin ánimo de lucro, que en muchas ocasiones llegaba a ser del 100%”, señala.
Sin embargo, AESECE precisa que la regulación actual que están promoviendo los ayuntamientos “omite bonificaciones o reducciones para centros educativos o entidades sin ánimo de lucro y basan su cálculo exclusivamente en los metros cuadrados de superficie”. “No se tiene en cuenta que la mayoría de los residuos generados en un colegio tienen que ver con una proporción muy pequeña de su superficie, el comedor”, asevera.
Para la asociación, esto genera “una situación muy injusta, ya que la mayor parte de la superficie del colegio, el patio, no genera residuos”. A su juicio, esta “injusticia” se ve agravada en los centros en los que el número de alumnos que hace uso del servicio de comedor es bajo o, incluso, que no tengan comedor.
La asociación avisa de que, de aprobarse la tasa tal y como está prevista en muchos ayuntamientos, “un colegio podría pasar a pagar 30.000 euros anuales, una cantidad que puede ser, en muchos casos, inasumible para los centros”.
“En el caso de los colegios concertados, se trata de un gravísimo problema, porque la escolarización es gratuita en este tipo de centros y no está previsto un incremento en la asignación pública que los colegios concertados reciben. Esto repercutiría negativamente en los centros, ya que estos importes irían en detrimento de mejoras en instalaciones y otras mejoras en beneficio de los alumnos y las familias”, lamenta Iglesias.
AESECE considera que el comedor escolar “es un bien social” ya que “muchas familias lo necesitan y lo utilizan”, por lo que “encarecer dicho servicio sería un error”. Por eso, reclama que se mantenga o extienda la bonificación de este impuesto para las entidades sin ánimo de lucro, como los colegios, o que se busquen medidas efectivas para paliar el impacto de esta medida en los colegios concertados.
“En los tiempos en los que estamos y con los medios con los que contamos, hay que ser más justos a la hora repartir o cobrar impuestos. Al igual que a cualquier familia, estas medidas pueden hacer mucho daño a los centros educativos que se empeñan día a día en emplear de la mejor manera cada céntimo, retorciendo su presupuesto al máximo para que abarque todas las demandas y necesidades que se tienen”, recuerda el presidente de AESECE.
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