MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Sumar, ERC, PNV, Podemos y BNG han presentado voto particular al informe para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que aprobaron todos los grupos parlamentarios, menos Vox, en subcomisión en la Cámara Baja el lunes. PP, PSOE y Junts no han registrado modificaciones al texto.
Según el documento que recoge los votos particulares de los grupos al que ha tenido acceso Europa Press, Sumar añade “mejoras técnicas” al informe, entre las que pide que el sistema de seguimiento integral y de valoración del riesgo en los casos de violencia de género tenga en cuenta características de vulnerabilidad y escenarios de riesgo en los planes de protección.
Asimismo, llama a “mejorar” el sistema técnico de instrumentos de vigilancia electrónica, implicando a los Ministerios de Justicia e Interior. Además, insta a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a agilizar, “en todo lo posible”, la instalación de dispositivos telemáticos de detección de proximidad.
Por parte del BNG, la formación solicita incrementar de 40 a 80 millones de euros anuales la cuantía destinada de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a las entidades locales en los próximos presupuestos que se aprueben.
También quiere que se incremente de 160 a 320 millones de euros anuales la cuantía destinada a las comunidades autónomas en el próximo ejercicio. “Esta partida se reproducirá en los próximos cinco ejercicios presupuestarios, y se incrementará, como mínimo, en el porcentaje en que lo haga el presupuesto total”, apunta.
En este sentido, BNG considera necesario “aclarar que las aportaciones asignadas tienen la consideración de mínimos y que deben establecerse mecanismos para incrementarlas en la medida y proporción que lo hagan los Presupuestos Generales del Estado”.
Por su parte, Podemos pide que se reconozca en el Pacto de Estado la existencia de la violencia obstétrica, así como adecuar las medidas necesarias para su prevención y equiparar la protección de las víctimas de la misma a aquella de la que disfrutan el resto de víctimas protegidas en el mismo.
Igualmente, quiere que se adapten todas las medidas recogidas en el Pacto de Estado para hacerlas “accesibles” también a aquellas mujeres que se encuentran fuera de sus entornos seguros, con especial atención a las mujeres migrantes. Así, quiere que se incluyan la mediación intercultural y acompañamiento especializado.
También quiere que se adapten todas las acciones contempladas para la prevención de la violencia y la protección de las víctimas, garantizando la inclusión y reconocimiento de mujeres LTBIQ+, mediante la formulación de protocolos específicos, con especial atención a las mujeres trans.
Mientras, el PNV, propone una modificación a la medida para aprobar la ley de trata. En este sentido, pide tener en cuenta el sistema de acreditación de las entidades especializadas, también las entidades de ámbito territorial, “reforzando su papel en la detección y atención de las víctimas, en colaboración con las entidades más cercanas”.
Por ERC, la formación considera que el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género no contempla todas las formas de violencia que afectan a las mujeres, “dejando fuera tanto la violencia institucional como la violencia obstétrica”. “La ausencia de estas violencias en el Pacto de Estado supone una omisión significativa que invisibiliza realidades que afectan directamente la vida, los derechos y la salud de las mujeres, limitando así el alcance de las políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia de género”, asegura.
Vox fue el único que se opuso a la renovación del Pacto de Estado y, entre sus argumentos, figura que “las denuncias falsas están destrozando la vida de muchos hombres inocentes”.
En este sentido, Vox defiende que el informe tiene como premisa “una ley injusta para todos los españoles, especialmente los varones”: la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. “Esta norma, inspirada en el concepto de la “violencia de género”, atenta contra el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles (vulnerando así el artículo 14 de la Constitución Española, ‘CE’), puesto que los discrimina en atención al solo criterio del sexo”, explica.
La formación que lidera Santiago Abascal también critica que el concepto de ‘violencia de género’ “presume que el hombre es un agresor en potencia”. En este sentido, dice que si al Gobierno le importasen “verdaderamente” los españoles y el cumplimiento de los derechos y principios constitucionales, “fijarían las mismas consecuencias jurídicas para los mismos hechos, sin discriminar en función del sexo”.
En esta misma línea, se refiere a los varones “acusados en falso” y sus hijos. “En cuanto a los primeros, cierto es que las denuncias falsas están destrozando la vida de muchos hombres inocentes. Dado el entramado de facilidades para interponer una denuncia, y dados también los beneficios jurídicos y sociales que, de la denuncia, se derivan para la mujer, es innegable que se está creando un humus que no promueve el esclarecimiento de la verdad en los casos de violencia, sino al contrario, incentiva la denuncia espuria en casos inexistentes o dudosos”, explica.
A consecuencia de ello, expone que “muchos varones” son “difamados”, afrontan consecuencias sociales y laborales derivadas de ello e incluso son “perjudicados” en el ámbito de la guarda y custodia de sus hijos, “pudiendo ver cómo estos son apartados de ellos”.
Finalmente, Vox critica las medidas “ineficaces” del Pacto de Estado en la lucha contra la violencia de Género y denuncia las “grandes cantidades de dinero procedentes del esforzado bolsillo de los españoles” que se destinan cada año.
El documento del Pacto de Estado es resultado de los trabajos que se iniciaron la pasada legislatura y que se retomaron el pasado mes de mayo. Los votos particulares, que se debatirán, conjuntamente con el informe final, en la reunión que la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género convocará próximamente.
Entre las medidas aprobadas que aparecen en el informe, los grupos instan a aprobar la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos. Esta Ley apuntan que establecerá “mecanismos adecuados” para la prevención, el refuerzo de la persecución de oficio del delito. Además, precisan que pondrá en marcha servicios y programas de protección social, reparación y recuperación integral de las víctimas de trata y explotación sexual, con una previsión de costes y una dotación adecuada de recursos humanos y económicos para su implementación y seguimiento.
También piden modificar la Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales, “para mejorar la protección de víctimas, testigos y denunciantes del delito de trata”.
INSTAN A REGULAR Y DEFINIR LA VIOLENCIA ECONÓMICA
Asimismo, reclaman reconocer, regular y definir la violencia económica en el derecho como forma de violencia de género. Para ello piden que se entienda como “acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores”.
Por otro lado, apuestan por sancionar a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, “difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, softwares, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias (deep fakes)”.
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