MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Un 93,3% de delitos ambientales en España entre 2015 y 2020 quedaron sin juzgar, según una investigación realizada por WWF con el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), la Universidad de Granada (UGR) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC). Concretamente, de los 4.902 casos registrados, 327 obtuvieron sentencia judicial, es decir, un 6,67%.
Los resultados del informe han sido presentados este miércoles en unas jornadas técnicas sobre delitos contra la vida salvaje celebradas en el salón de actos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).
Durante las jornadas, diferentes expertos han abordado la magnitud e impactos del furtivismo, así como los objetivos y motivaciones del Plan de Acción Esañol contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (TIFIES).
“Los delitos medioambientales son delitos muy técnicos que hay que investigar mucho y especializarse, hay que trabajar desde la base, hay que sacar casos y no conformarse”, ha apuntado el jefe del Equipo de Lucha contra Delitos Medioambientales de Europol, José Antonio Alfaro.
Dentro de los delitos de carácter ambiental está el tráfico de especies, como ha explicado la Jefa de sección del área encargada del plan TIFIES en el MITECO, Diana Pérez-Arana, es “el tercer negocio ilícito (por detrás del tráfico de armas y droga) más lucrativo a nivel mundial” que, en el mercado negro, mueve en torno a 10.000 y 23.000 millones de euros al año.
En los últimos años, esta actividad ha experimentado un crecimiento “exponencial” más acusado en el tráfico de determinadas especies como los rinocerontes, elefantes o tigres, entre otros. Así, Pérez-Arana ha incidido durante su ponencia en que, solo en siete años comprendidos entre 2007 y 2014, en Sudáfrica la tasa de caza de rinocerontes se incrementó en un “siete mil por ciento”, pasando de 13 ejemplares asesinados a 1200 con el mismo fin.
La retirada de especies de sus entornos naturales pueden generar un “efecto cascada” en el ecosistema, desequilibrándolo y afectando a otras especies. A esta deformación del hábitat también se suma, como ha explicado Pérez-Arana, la “liberación voluntaria de estas mascotas” que pueden convertirse en “especies exóticas invasoras con todas las problemáticas que estas especies tienen para la biodiversidad”.
Según ha señalado el investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA- CSIC) Zebensui Morales-Reyes, el tráfico de especímenes vivos es la principal forma de tráfico en España, seguido del tráfico de coral con un 15 por ciento.
“No es un problema único de España, sino que están implicados y contabilizados un total de 74 países implicados en la exportación de especies y entre los cuales 5 países que actúan como países intermediarios y 11 países de destino”, ha señalado Morales-Reyes.
En el marco del Plan TIFIES, los ponentes han destacado como “la prevención, mejora del cumplimiento de la aplicación de la normativa y la cooperación internacional” como prioridades de esa normativa. Asimismo, WWF ha reiterado la necesidad de aumentar la especialización entre los agentes de la cadena judicial para aumentar el número de délitos ambientales juzgados y evitar que solo se tramiten por la vía administrativa o queden sin resolver.
La investigación de WWF ha revelado que la caza furtiva (1.773 casos) encabeza los crímenes contra la fauna salvaje, seguida de los envenenamientos (1.899 casos) y el uso o posesión de métodos ilegales de captura (446).
“La falta de concienciación es uno de los principales motores de los delitos contra la vida silvestre y, por su parte, el intercambio de conocimientos, la cooperación transfronteriza y entre instituciones a escala nacional y el aumento de especialización en la cadena policial y judicial es crucial para abordar la complejidad de estos delitos”, ha expuesto Morales-Reyes.
En la lucha contra esta clase de délitos, el MITECO colabora conjuntamente con el Ministerio del Interior –con la contribución del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)–, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Hacienda para la vigilancia de la entrada de este tipo de mercancías través de las aduanas, así como con la Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente.
Junto al MITECO, también colaboran en este plan el Ministerio del Interior –con la contribución del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)–, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Hacienda para la vigilancia de la entrada de este tipo de mercancías través de las aduanas.
“La colaboración con el SEPRONA está fundamentalmente centrada en la formación a los agentes y el apoyo en operaciones para recordarles cuestiones claves que hagan la operación más fácil, operativa y eficaz”, ha apuntado Pérez-Arana.
A nivel internacional, la colaboración de la Europol permite rastrear y detectar las órganizaciones que se hallan detrás de los délitos medioambientales en materia de tráfico de especies y tráfico de residuos. Como ha explicado el jefe del Equipo de Lucha contra Delitos Medioambientales de Europol, José Antonio Alfaro, el órgano europeo elabora informes (SOCTA) y en cada uno incluye las recomendaciones a la comisión –a través del órgano COSI- para finalmente enviarlo al Consejo.
“España está haciendo los deberes y aparte España siempre ha sido co-líder de estas prioridades desde el principio y durante los próximos años, no obstante, podemos seguir mejorando”, ha afirmado Alfaro.
Además, ha advertido que muchos casos de tráfico intraeuropeo están vinculados a la corrupción, al blanqueo de capitales y a la corrupción.
Para Jose María Galván, miembrodel Plan Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional, el tráfico de especies está relacionada con otro tipo de actividades delictivas (extorsión, evasión de impuestos, lavado de activos, tráfico de drogas o mercancías ilícitas, entre otros) debido a los “muchos puntos ciegos” y “falta de supervisión” en el conjunto del tráfico transnacional.
Tanto Alfaro como Galván, apoyándose en el Informe de Seguridad Nacional de 2017 y en el de diciembre de 2021, han reiterado el peligro actual de movilización de patógenos que supone el desmantelamiento de los ecosistemas.
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