MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Plataforma del Tercer Sector y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES) reclaman al Gobierno que las personas perceptoras del salario mínimo interprofesional (SMI) no paguen el impuesto sobre la renta de la personas físicas (IRPF), tras la última subida aprobada el pasado martes en el Consejo de Ministros.
“El CERMI reprueba que el Gobierno quiere hacer tributar a los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional y lo dice desde la legitimidad de que gran parte o la mayor parte de personas con discapacidad que trabajan serían castigadas con esta medida, puesto que el rango salarial en el que se desenvuelve una buena parte de las personas con discapacidad son rangos salariales retributivos bajos, muchos de los cuales se les aplica el SMI”, ha indicado a Europa Press su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno.
La organización exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “no castigue” fiscalmente a los preceptores de salario mínimo interprofesional haciéndolos tributar por el IRPF. Para la entidad social, las medidas de garantía social básica como el SMI “deben estar exentas de tributación, ya que de otro modo pierden en todo o en gran parte su objeto de elemento de apoyo a la inclusión social y de mantener unas condiciones mínimas de vida”.
Según sostiene el CERMI, “son muchos los trabajadores” que están en el rango retributivo del SMI por lo que “el impacto de esta carga fiscal representará un claro perjuicio a su capacidad de renta, de por sí baja, que diluirá en buena medida algo positivo como ha sido la elevación del SMI producida en los últimos años”.
CERMI reclama al Ejecutivo que el SMI, sea cual sea su cuantía, “esté siempre exonerado de tributar por el IRPF a fin de que no quede desvirtuada una medida de evidente contenido social concebida para asegurar un suelo retributivo para todos los trabajadores”.
Lo mismo pide la Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales. El presidente de la organización, Luciano Poyato, valora positivamente la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 16.576 euros brutos al año, pero considera “imprescindible que esta medida vaya acompañada de la correspondiente actualización en el IRPF para asegurar que quede exonerado de tributación”.
PONER FIN A LA INCERTIDUMBRE
Poyato avisa de que si no se mantiene la exención de tributación en el IRPF “se producirá un efecto de desigualdad en el sistema fiscal español castigando a las personas con menor capacidad económica”. Por ello, desde la Plataforma del Tercer Sector instan al Gobierno a resolver esta situación para “poner fin a la incertidumbre generada” en cientos de miles de personas trabajadoras perceptoras del salario mínimo.
En este sentido, Poyato sostiene que el salario mínimo “siempre debe estar exento de tributación” porque, de otro modo, “miles de personas trabajadoras, con ingresos mínimos, sufrirán una reducción de su renta disponible y los beneficios que suponen la subida del salario mínimo quedarán opacados con esta tributación”.
Además, desde la Plataforma del Tercer Sector insisten en que el sistema fiscal debe garantizar que se generan los recursos para “aumentar la cobertura y el impacto de las políticas sociales, acompañar el proceso de transición ecológica de la economía y poner el foco en la reducción de las desigualdades”, así como “luchar de manera efectiva contra el fraude, la evasión y elusión fiscal, dentro y fuera de nuestras fronteras”.
En este debate, el vicepresidente de Derechos Sociales, Transición Justa e Internacional de la Plataforma del Tercer Sector, Carlos Susías Rodado, ha indicado a Europa Press que “la medida de la subida del salario mínimo es una muy buena medida”, mientras que la de “no subir el mínimo exento es una mala decisión”.
En cuanto a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), la entidad también celebra la subida del salario mínimo, pero pide que quede exento de tributar el IRPF, “ya que esta medida aleja a España de un sistema de fiscalidad justo”, y que se ponga “más presión recaudatoria en las rentas más altas”.
LOS MÁS AFECTADOS POR LA PRECARIEDAD
Según destaca EAPN-ES, el SMI encadena un aumento del 60,9% desde 2018, pasando de 735,90 euros mensuales a 1.184 euros en 2025 (448,10 euros más) y, citando estimaciones de CCOO, esta subida beneficiará a unos 2,1 millones de personas trabajadoras en España, “especialmente a los grupos sociales más afectados por la precariedad laboral: mujeres, población joven, con contrato temporal, en ocupaciones elementales y en sectores como la agricultura, la hostelería o el comercio”.
Desde la EAPN-ES aplauden este acuerdo como “un avance significativo en la lucha contra la pobreza, especialmente la pobreza laboral” y recuerdan que, en España, 2,5 millones de personas son pobres pese a tener un empleo, según el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza’.
Si bien, desde la red han mostrado su rechazo a la decisión de Hacienda de aplicar el IRPF al SMI, e instan al Gobierno a elevar el umbral exento del IRPF como en años anteriores, para evitar los efectos de esta medida en sectores de la población más vulnerable.
Según indican, citando el Informe de la Comisión de Expertos del SMI, la medida afectará a medio millón de personas, el 20% de las cerca de 2,5 millones que cobran el SMI, la mayoría solteras y sin cargas, y muchas de ellas jóvenes en sus primeros empleos, que abonarán 300,05 euros al año.
EAPN-ES recuerda que las personas jóvenes en España enfrentan “dificultades específicas”, especialmente en lo referido al mercado laboral y al acceso a la vivienda. En concreto, precisan que la tasa de temporalidad de las personas ocupadas de 16 a 29 años es más del doble que la registrada a nivel general (34,7% frente a 15,7%), y el paro juvenil excede la cifra de la población total: un 21,4% frente al 12,2%.
Esta situación, según advierten, deriva en una problemática de pobreza entre la juventud que alcanza a más de 1,5 millones de jóvenes, “a lo que se suma la actual crisis de los alquileres”.
Por todo ello, desde la entidad piden al Gobierno “apostar por un sistema fiscal justo y una redistribución de la riqueza que garantice la cohesión social y refuerce el Estado del Bienestar, poniendo más presión recaudatoria en las rentas más altas”.
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