MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Enagás prevé una “mejora potencial” de los importes recibidos por la compañía por el proceso de arbitraje con Perú por el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), según indicó el consejero delegado del grupo, Arturo Gonzalo.
En una conferencia con analistas para presentar los resultados de 2024 y la nueva actualización estratégica, Gonzalo afirmó que todavía hay abierta la solicitud de rectificación por error material por un importe de 94 millones de dólares (unos 90 millones de euros) y otros 230 millones de dólares (unos 220 millones de euros) en concepto de recuperación de garantías que podrían resultar del arbitraje en el Ciadi sobre el concurso de acreedores de GSP.
“Ya nos hemos puesto a disposición del gobierno de Perú para tratar de alcanzar un acuerdo amistoso sobre la ejecución del laudo”, añadió el directivo al respecto.
El pasado mes de diciembre, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dio la razón a Enagás en su litigio contra Perú y condenó al país sudamericano a pagar 194 millones de dólares (unos 186 millones de euros) -principal más interés- a la compañía española por el proceso abierto por el proyecto GSP.
Enagás registró en sus cuentas de 2024 unas minusvalías de 245,7 millones de euros por el fallo arbitrual sobre su inversión en GSP. El grupo reclamaba más de 500 millones de dólares, cifra que se correspondía tanto con la recuperación de la inversión financiera como con los derechos de crédito asociados a la recuperación de las garantías ejecutadas a consecuencia de la terminación del contrato de concesión en GSP.
La disputa entre Enagás y Perú se remontaba a finales de 2017, cuando se paralizó el proyecto del GSP, adjudicado tres años antes a un consorcio en el que participaba el grupo español. En la concesión también participaban la brasileña Odebrecht y la peruana Graña y Montero, relacionadas con casos de corrupción en el país sudamericano.
En 2018, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo compensatorio, Enagás decidió acudir en busca de una solución ante el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.
Odebrecht contaba con una participación del 50% y Enagás y Graña y Montero del 25%, cada una, en el proyecto GSP, que suponía unos 1.000 kilómetros de tuberías para transportar gas y una inversión de más de 7.000 millones de dólares (unos 6.710 millones de euros).
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