MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) ha presentado una queja ante la “flagrante vulneración de los derechos” de una joven sorda a la que se le obligó a quitarse los audífonos si quería hacer un examen de las oposiciones de Justicia.
En una información del ‘Levante-El Mercantil Valenciano’ recogida por Servimedia se relata como esta opositora se presentó el pasado 21 de mayo a unas pruebas selectivas para puestos de gestión procesal, convocadas por la Administración de Justicia y desde Fiapas no dudaron en interponer la pertinente denuncia para exigir “que las personas sordas puedan participar en procesos selectivos de acceso al empleo público en igualdad de condiciones que los demás”.
Así, en la queja presentada aseguraron que exigir a una persona con discapacidad auditiva que use audífonos o implantes auditivos, que los retire “supone una flagrante vulneración de sus derechos, dado que las personas sordas que necesitan prótesis auditivas y son usuarias de las mismas, lo son por prescripción facultativa y utilizan estas prótesis para hacer funcional su capacidad de oír en todas las actividades de su vida diaria. No se trata de un elemento de elección, ni ocasional en algún momento de su día a día, del mismo modo que tampoco lo es una silla de ruedas o una prótesis externa de un miembro superior o inferior, por ofrecer, entre otros, dos ejemplos gráficos”.
Para la federación resulta “inconcebible” que, durante la realización de una prueba de acceso al empleo publico, se haga prescindir a una persona sorda del elemento protésico personal que le permite habilitar uno de sus sentidos humanos (el oído) y utilizar de una manera funcional su audición. “A ninguna persona que utilice otro tipo de prótesis se le sugeriría ni condicionaría para llevar a cabo una actividad, como un examen, obligándoles a retirarse sus prótesis externas de mano, brazo o pierna, o sin la silla de ruedas o hasta sin las mas sencillas gafas graduadas o, por qée no, las lentillas”, añadieron en la denuncia, según reflejó ‘Levante-EMV’.
FALTA DE INFORMACIÓN
“Sin las prótesis auditivas, a la persona con sordera (además de provocarle otras dificultades de movilidad y orientación en el espacio, por la falta de la información sonora del entorno), se limita su capacidad de interacción, se le impide acceder a la información y a la comunicación, y se le priva por todo ello de la igualdad de condiciones y oportunidades a la que tiene derecho, como el resto de los aspirantes, limitando o impidiendo asimismo su acceso al conocimiento de cualquier incidencia que se produzca en el acceso y durante la realización de la prueba, de las instrucciones, etc. Además de provocar en ella un estado de afectación emocional originado por el hecho de verse privada de un sentido corporal que habitualmente utiliza (gracias a las prótesis), tal como nos sucedería a cualquier otra persona, y de ser expuestas a una situación de mayor vulnerabilidad”, continuó la información.
Para la entidad, las prótesis, un producto sanitario de uso personal, no pueden considerarse en ningún caso un “ajuste razonable” ni una “adaptación”, como argumentó el Tribunal examinador, que exigió su retirada. “En el caso de una persona sorda sería una adaptación o un ajuste razonable las adaptaciones metodológicas, tales como dar las instrucciones por escrito, la ampliación de tiempos, etc., o también el uso de recursos de apoyo tecnológicos o personales, tales como bucle magnético, sistemas FM o micrófonos remotos, subtitulado, interprete de lengua de signos, etc. Es decir, medidas y recursos que adicionalmente el aspirante con sordera podría solicitar y de las que el entorno le debe proveer. Sin embargo, las prótesis auditivas son un elemento inseparable e inherente a la propia persona, ya que restituyen un sentido corporal (el oído) y lo hacen funcional. No son ninguna medida de accesibilidad en el entorno ni ningún ajuste razonable”, concluyeron, según la información del diario levantino.
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