MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La victoria de la derecha en las elecciones del domingo para designar el nuevo Consejo Constitucional de Chile será determinante a la hora de pactar la redacción de una nueva Carta Magna, en la que previsiblemente no estará recogido el derecho al aborto y se apostará por sistemas sanitarios o de pensiones que favorezcan también la presencia de entidades privadas.
El ultraderechista Partido Republicano, fundado por el excandidato presidencial José Antonio Kast, se ha erigido como el gran vencedor de la cita. “Hoy es el primer día de un futuro mejor para nuestro país, es el primer día de un nuevo comienzo para Chile”, ha proclamado Kast tras la difusión de los resultados oficiales.
Contará con 22 de los 50 escaños que compondrán el Consejo, al que corresponde ahora elaborar una Constitución que pueda reemplazar la que aún perdura desde la dictadura de Augusto Pinochet. Será el segundo intento, tras el fracaso del primer plebiscito celebrado en 2022, en gran parte por el rechazo que amplios sectores conservadores mostraron a este texto.
Seis de cada diez de los candidatos elegidos en este segundo proceso están en contra del proyecto previo, según un sondeo elaborado por el periódico ‘La Tercera’. El Partido Republicano proclamó entonces que, de salir adelante, el texto causaría un “daño irreparable” a Chile, pese a que algunas de las demandas de la izquierda se quedaron por el camino en un proceso marcado por la polarización política.
Uno de los aspectos que sí lograron introducir sectores más progresistas fue el derecho al aborto, pero ahora alrededor del 60 por ciento de los nuevos constituyentes se inclinan por que la Carta Magna no introduzca avance alguno en este sentido.
En materia de salud, el borrador anterior planteaba que “el Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado”. Sin embargo, ahora apenas un 12 por ciento de los vencedores de los comicios del domingo creen que la prioridad pasa por construir un organismo público potente y se inclinan en cambio por garantizar las instituciones privadas de salud previsional (isapres).
Esta visión también se replica en el caso de las pensiones, ya que uno de cada tres abogan por mantener el sistema tal como está y más de un 47 por ciento creen que los ciudadanos deben tener plenas facilidades para elegir entre un sistema público y las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
El Gobierno de Gabriel Boric, sin embargo, ha intentado desvincular el proceso relativo a la Constitución del día a día político de Chile, algo que ya sugirió el presidente en campaña y que, tras la difusión de los resultados, ha querido apuntar la principal portavoz del Ejecutivo, Camila Vallejo. Esta última espera de los nuevos cargos electos que sean capaces de elaborar y atender las demandas de la ciudadanía, en aras de “una propuesta constitucional que esta vez sí logre representar a las grandes mayorías”, informa ‘El Mercurio’.
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